Columna del Presidente de la CNC, Ricardo Mewes.

En el contexto de la reforma laboral enviada al parlamento por el Ejecutivo y, tal como lo hacen las más modernas legislaciones comparadas, se ha propuesto incorporar normas sobre adaptabilidad laboral, las que tienen por objetivo generar un marco de acción que permita a las empresas y sus trabajadores, negociar pactos con condiciones especiales de trabajo reconociendo sus realidades específicas.

La adaptabilidad es un buen incentivo a la contratación de mano de obra, en especial para los jóvenes, mujeres y hoy por hoy, cada día más, personas de la tercera edad, quienes suelen ser más vulnerables en términos de ocupación y desempleo. En efecto, ya desde el gobierno de Ricardo Lagos comenzaron los esfuerzos para incorporar en nuestra legislación normas que permitan introducir este concepto en las relaciones laborales.

Siguiendo esa misma línea de acción, el Ejecutivo anterior envió un proyecto de ley que adaptaba las normas laborales en materia de turismo, reconociendo las situaciones especiales de esa industria, proyecto que luego de haber sido ampliamente aprobado en la Cámara de Diputados se encuentra en tramitación en el Senado.

Por otra parte, nuestra legislación laboral reconoce la anterior lógica en otro tipo de contratos, como aquellos referidos a la actividad de técnicos y artistas de espectáculos, de tripulaciones de vuelo y de cabina en el transporte aéreo, de deportistas y de personal de operaciones en aeropuertos, entre otros.

Es el propio Ejecutivo, autor de la reforma laboral ya citada, quien en su mensaje del proyecto de ley reconoce que una economía abierta requiere que las empresas tengan capacidad de adaptarse a un entorno que impone desafíos crecientes en productividad y competitividad, lo que supone la necesidad de avanzar en materia de adaptabilidad laboral. Ésta no representa un capricho empresarial, sino que es una exigencia que demanda nuestra condición de país abierto al mundo.

Así las cosas, sorprende que algunas voces como la CUT, a través de su presidenta, se opongan a avanzar en esta materia tan importante para el desarrollo de las relaciones laborales de los trabajadores, afiliados o no, a dicha organización y se manifieste públicamente la decisión de solicitar que esta materia sea eliminada de la discusión del proyecto de ley presentado por el gobierno. No podemos olvidar que muchas empresas, cuyos trabajadores no se encuentran sindicalizados, deben, para poder mejorar sus niveles de desarrollo, tener opciones de entendimiento directo para enfrentar sus permanentes desafíos.

Creemos en la pertinencia de este debate, el cual debe ser abordado con la madurez propia que requiere el Chile de hoy y desde la perspectiva de un país al que se le reconoce la calidad de líder en la región, sin perjuicio de señalar que concordamos con la CUT en que este debate no se agota ni se satisface de la manera como lo aborda el proyecto referido. El país nos demanda que enfrentemos esta discusión mirando los desafíos que nos depara el futuro, con la disposición de ser actores y no espectadores de nuestro destino. Lo dicho hace patente la necesidad de avanzar en adaptabilidad laboral, conjugando adecuadamente el desarrollo de los derechos de los trabajadores, la generación de mejores oportunidades de empleo, junto a condiciones que propicien la productividad y competitividad de las empresas a los que ellos pertenecen.