• En la instancia, participó Ricardo Mewes, Jorge Guerrero y Sebastián Hurtado; presidente, presidente de la Comisión Jurídica-Constitucional y gerente Legal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, respectivamente. Por su parte, desde el gremio regional, asistieron José Pakomio y Marcela Pastenes; presidente y gerente general de la Cámara de Comercio de Valparaíso, respectivamente, además de miembros del directorio de dicha cámara.

 Con de objetivo de dar a conocer las propuestas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile para la nueva Constitución y recoger las inquietudes y propuestas de los asociados de la CNC, es que se dio inicio al ciclo de reflexión CNC Constituyente.

En esta oportunidad, la instancia se inauguró en la ciudad de Valparaíso, donde la cámara local, asociada al gremio nacional, participó de una jornada de reflexión junto a Ricardo Mewes, Jorge Guerrero y Sebastián Hurtado; presidente, presidente de la Comisión Jurídica-Constitucional y gerente Legal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, respectivamente. Por su parte, desde el gremio regional, asistieron José Pakomio y Marcela Pastenes; presidente y gerente general de la Cámara de Comercio de Valparaíso, respectivamente, además de miembros del directorio de dicha cámara.

La instancia comenzó con la exposición de Diego Gil Mc Cawley, abogado de la Universidad de Chile, Doctor en Derecho de la Universidad de Stanford y académico de la Escuela de Gobierno UC. El experto realizó un análisis amplio del proceso constitucional, razones que lo originan, funcionamiento de la Convención Constitucional, reglamento aprobado y qué se debe esperar. Por su parte, Sebastián Hurtado, gerente Legal de la CNC, presentó un resumen del trabajo constituyente que ha hecho el gremio, las propuestas de este y los documentos que elaboró para resumir las mismas. A continuación, se dio paso a una conversación guiada para promover un espacio de diálogo y reflexión en torno a consultas o comentarios de los asociados a partir de lo presentado en las charlas.

Dentro de los principales temas abordados, los asistentes manifestaron la importancia del lenguaje utilizado. En este sentido, indicaron que se deben transmitir los mensajes de manera simple para que estos puedan llegar al común de la gente. En ese orden de ideas, se sugirió la posibilidad de que los gremios empresariales vayan monitoreando los avances de la Convención con el fin de poder ir traduciendo los avances a un lenguaje sencillo que permita a la ciudadanía poder comprender de mejor manera los efectos que tendrían esos preceptos en caso de ser aprobados en el plebiscito de salida.

Respecto de la aproximación que debe tener el sector empresarial a la Convención, se señaló que, a pesar de las dificultades que ha habido para poder ser parte de la discusión sobre el texto de la nueva Constitución, igualmente se deben hacer los esfuerzos por participar sin sentirse inhibidos por esta situación. En cuanto al diagnóstico sobre lo que llevó a Chile a embarcarse en un proceso constituyente, existe total consenso en los participantes sobre que ello se debió a los abusos que ha habido por parte de unos pocos actores, públicos y privados, lo que ha generado una crisis de confianza en la ciudadanía.

Para la Cámara de Comercio de Valparaíso, los dos temas principales que debieran abordarse por la Convención son: la descentralización y la libertad de emprendimiento económico.   Lo anterior dice directa relación con la forma de Estado y organización territorial que se estructura en la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, hubo total consenso en los participantes sobre avanzar hacia un sistema constitucional que permita al Estado adoptar medidas necesarias para hacer observar y para fiscalizar el funcionamiento de la economía en general, y de ciertos mercados de relevancia pública, en específico. Asimismo, y en relación directa con el comercio ilegal, expresaron que el Estado debe dar un trato igualitario a quienes desarrollan las mismas actividades, debe promover la libre competencia, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las cargas impositivas, lo cual obliga a que este asuma un rol más activo en materia de fiscalización y sanción de conductas que atenten contra estos valores.