• En la instancia, diversos gremios representantes de pequeñas y medianas empresas mostraron los impactos que la entrada en vigencia de esta nueva ley podría generar en sus sectores.

 

La Comisión de Hacienda del Senado realizó una sesión especial para analizar las implicancias que tendrá la puesta en marcha del cobro de IVA a los servicios, en especial en las pymes. En la instancia, expusieron ante la comisión presidida por el senador Juan Antonio Coloma, el fiscal de la CNC, Sebastián Hurtado y el presidente de la Comisión Tributaria del gremio, Christian Aste, junto con otras asociaciones representantes de pequeñas y medianas empresas.

En la oportunidad, los expositores mostraron los impactos que la entrada en vigencia de esta nueva ley podría generar en sus sectores. Los representantes de la CNC expresaron su profunda preocupación frente a la entrada en vigencia de la Ley 20.421 en cuanto a gravar con IVA servicios que antes no lo estaban. “Esta preocupación la hemos manifestado en distintas instancias donde participamos como gremio, junto al apoyo de nuestra comisión tributaria”, indicó Sebastián Hurtado.

Agregando que “si bien creemos que es necesario avanzar en forma urgente y decidida en mejorar las pensiones, principalmente de las personas más vulnerables, no puede ser a costa de otro sector que ha sido profundamente golpeado por la crisis sanitaria y social, como son las pymes”.

Por su parte, Christian Aste manifestó las aprehensiones del gremio con respecto a esta medida señalando que no parece razonable que la aplicación del IVA dependa de la estructura jurídica del prestador, como ocurre con los servicios profesionales. El presidente de la Comisión Tributaria de la CNC remarcó que en estas sociedades si uno de los socios muere, eso repercute en la empresa que estaba exenta pasando por ese hecho a estar afecta, precisando que por la norma de relación muchas sociedades de profesionales que son pymes no tendrán los beneficios de éstas.

Aste subrayó que el IVA debe trasladarse necesariamente a precio, y en definitiva en muchos casos quienes lo terminarán pagando son los más vulnerables, que tienen la calidad de beneficiarios finales. En la oportunidad citó varios ejemplos, entre ellos la remuneración que se paga por cobranza prejudicial, la administración de edificios, las certificaciones, las cobranzas, las asesorías agrícolas, los gastos por incineración, las mantenciones de cementerios, los desechos de basura y numerosos otros casos. El abogado recordó que las empresas, aunque quieran, no puede asumir el costo de este impuesto, tanto porque no tienen margen para hacerlo, como porque la base sobre la cual el IVA se cobra es el valor acordado y este no puede cambiarse unilateralmente, coincidiendo con el Colegio de Contadores en que este cambio incrementará la informalidad.

Sin embargo, pese a todos estos planteamientos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mantuvo firme con la postura que ha mostrado hasta el momento, donde no ve espacio para una modificación de este gravamen. Ante el argumento que presentaron los distintos sectores de que la puesta en marcha de este impuesto afectaría a las pequeñas y medianas empresas, el titular de las finanzas públicas clarificó que “hay varias empresas que se nombran que no son exactamente pymes, y son justamente esas empresas donde viene una parte importante de la recaudación”.

Marcel acotó que “la gran mayoría de las intervenciones se refieren al fondo y no a la forma de implementarse, y consistente con ello, vemos que hay propuesta que apuntan a derogar la ley y otras para cambiar el sistema de IVA. Lo primero que hay que decir es que cuando el Congreso aprueba la ley y lo hace con una aplicación diferida no es para que se vuelva a discutir, sino que para que se pueda adaptar su implementación”. El ministro subrayó que “me parece que la discusión está planteada en un plano que no es el que estamos. Cuando nos toca aplicar una ley, aunque sea diferida, nos preocupamos de aplicarla de la mejor manera posible”.

Tanto el fiscal de la CNC como Christian Aste y algunos de los gremios intervinientes remarcaron que no tuvieron oportunidad de participar en la gestación de esta medida de política pública, enfatizando que las leyes que presentan problemas en su aplicación práctica hay que corregirlas y que más vale hacer esta tarea tarde que no hacerla.