Valparaíso, martes 11 de diciembre de 2018 – El Observatorio del Comercio Ilícito (OCI) de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) fue invitado al Congreso para dar a conocer su propuesta respecto al proyecto de ley sobre Comercio Ilegal. Los representantes de la Comisión acogieron las propuestas entregadas por el gremio y acordaron despachar el proyecto en la siguiente sesión.

La inclusión del OCI en esta instancia vino como resultado del trabajo gremial en la Mesa Público-Privada sobre la materia que reúne a las industrias afectadas, tabaco, turismo, libros, películas y música, entre otras; y a instituciones públicas como el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y Carabineros de Chile, entre otras.

En la sesión en el Senado, el gremio entregó un exhaustivo análisis del proyecto que fue ingresado en junio de 2007 y que se encontraba en Comisión Mixta en Tercer Trámite Constitucional, sin movimiento alguno desde el año 2010. Por esta razón, el presidente del gremio, Manuel Melero, comenzó la exposición agradeciendo a las autoridades por reflotar esta iniciativa, en particular al Senado, para posteriormente exponer los puntos del gremio sobre el proyecto de ley.

“Respaldamos, agradecemos y felicitamos al Senado de la República por haber quitado del sueño a este proyecto y nos alegramos que se esté legislando en esta materia. No es casualidad que la principal preocupación gremial que tenemos en carpeta sea el comercio ilícito. Esto obedece a una triste realidad que estamos viviendo en el comercio formal a través de todo el territorio nacional. A mí me ha tocado recorrer Chile y constatar, de manera evidente, el fenómeno del comercio ilegal y su crecimiento exponencial en todas las ciudades del país”, explicó Melero.

En esta línea, el presidente del gremio enfatizó que los comerciantes establecidos son los principales generadores de empleo, con un 24% de la fuerza laboral y a su vez representan más del 12% del PIB. Continuó señalando que hoy, tanto los comerciantes como sus trabajadores, temen por la competencia desleal y por sus puestos de trabajo. “Este año perdimos 50.000 empleos formales y hemos bajado los índices de ventas. El fenómeno del comercio ilícito influye importantemente en estos resultados”, agregó.

Posteriormente, Verónica Pérez, Directora de la CNC y Vicepresidenta Ejecutiva del OCI, señaló que esta preocupante realidad nacional impulsó el año 2016 la creación del Observatorio del Comercio Ilícito con el objeto de “colaborar en generar políticas públicas que puedan ayudar a resolver este tema que nos convoca en esta oportunidad y además para dar visibilidad a este problema, para educar a la gente y capacitar a las autoridades, con el objetivo de avanzar hacia la formalidad y para relevar el tema en la agenda nacional.”

Pérez continúo señalando que el OCI convoca a todas las autoridades que abordan esta problemática y a las industrias más afectadas por el comercio ilegal, mediante una mesa público-privada que generó un documento titulado “Medidas para el Combate del Comercio Ilegal”, que considera 22 propuestas para el combate contra el comercio ilícito.

A continuación, Daniel Montalva, Secretario General del gremio, señaló que la aprobación del proyecto será un gran avance para el combate contra el comercio ilícito al considerar elementos como la figura de la asociación ilícita y establecer una sanción específica al comercio ambulante.

Posteriormente, presentó propuestas para resolver las divergencias que se generaron entre ambas cámaras respecto a los artículos 1º, 3º y 7º del proyecto. En este sentido, destacó la importancia de aprobar los tres artículos y en especial el Artículo N°3 del proyecto, que otorga la facultad al Ministerio Público de realizar entregas vigiladas, una de las medidas más solicitadas por las autoridades y los privados que componen la mesa público-privada del OCI, ya que “uno de los elementos que desincentiva la persecución del comercio ilícito es que las sanciones asociados a la parte final de la cadena delictual se reducen, generalmente, a meras faltas y no existen herramientas de inteligencia para investigar a las bandas o crimen organizado que se encuentra en su inicio. Aprobar el artículo 3º permitirá generar inteligencia y trazar la cadena hasta las bandas o pandillas que nutren al mercado sombra”, explicó Montalva.

Finalmente, se propuso integrar al proyecto tres temas que están considerados entre las 22 medidas que defienden y fomentan el comercio formal. Dentro de ellas, se propone aclarar los criterios en retenciones, bodegaje y destrucción de mercancía ilícita, ya que según la entidad “es imprescindible avanzar en criterios que eliminen la carga excesiva, para lo cual se propone explorar modelos como el de “muestras representativas”, que permitirían mantener un número acotado de las especies para los requerimientos del juicio, pudiendo destruir el resto de ellas y el de establecer al imputado como depositario provisional de las especies objeto de comercio ilegal”.

En segundo lugar, se planteó la posibilidad de permitir que organismos públicos emitan resoluciones con prohibiciones al ingreso de mercancías ilícitas. “Las autoridades deben esperar a que los productos prohibidos ingresen al país y luego a que sean distribuidos para poder incautarlos. En estos casos debiera explorarse la posibilidad de incluir la prohibición de importación en caso de que se trate de certificaciones o hechos que deban realizarse previo a su ingreso”, sentenció el representante de la Cámara de Comercio.

Finalmente, se propuso eliminar los permisos municipales para comercio callejero, ya que parte del comercio ilegal se debe a la entrega indiscriminada de permisos precarios por parte de algunas municipalidades. “Creemos que debiera analizarse la posibilidad de eliminar de dicha facultad a las Municipalidades o, en su defecto, establecer requisitos objetivos y ecuánimes para la entrega de estos a lo largo del país”, explicó Montalva.

Una vez finalizada la exposición se aprobó la idea, a propuesta de su presidente el Senador José Miguel Insulza, de despechar el proyecto de manera urgente en la siguiente sesión, tomando en consideración las propuestas de solución de divergencias presentadas por la CNC y a su vez, considerando la figura de declarar al imputado como depositario provisional, para reducir así el grave problema del bodegaje, que termina desincentivando la persecución del comercio ilegal.

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