Combate al contrabando: el comercio justo y formal debe prevalecer. Columna de Francisco Moreno Guzmán, Subsecretario de Hacienda

Hace ya un año que la Subsecretaría de Hacienda se incorporó al Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio con el objetivo de colaborar decididamente en el diseño de una política nacional que promueva el comercio justo y formal, con el cual estamos decidida y profundamente comprometidos.

Como reflejo del trabajo realizado en conjunto, durante el mes de julio participamos de la firma de un convenio de colaboración que permitió fortalecer el combate al contrabando junto al Servicio Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos, dos instituciones clave en el quehacer del Ministerio de Hacienda y colaboradoras permanentes en el desarrollo de nuestra misión institucional de gestión eficiente de los recursos públicos y generación de condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada.

El gran desafío que enfrentamos desde nuestra vinculación a esta instancia, es lograr resultados en el corto plazo en el combate al comercio informal, compartiendo información entre las distintas instituciones públicas lo cual facilite la generación de mejores análisis para una mejor toma de decisiones, así como la generación de consensos en buenas prácticas sobre la materia y capacitaciones permanentes dirigidas al público consumidor. Haber firmado ese convenio nos motiva a seguir trabajando en una alianza público-privada que de seguro rendirá abundantes frutos.

Desde el Ministerio de Hacienda colaboraremos decididamente en el combate a la informalidad en el comercio. El comercio informal afecta la libre competencia, pues genera condiciones desventajosas para aquellos contribuyentes que realizan sus actividades cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Destacamos a este respecto la labor del Servicio de Impuestos Internos, el cual considera en su Plan de Cumplimiento Tributario de lanzado a cada año una serie de medidas que van en la línea de identificar contribuyentes que presentan reiteradas brechas o anomalías y que facilitan el comercio informal. Adicionalmente, el Servicio Nacional de Aduanas realiza una potente labor de fiscalización a través de los 111 puntos de control a lo largo del país, tales como puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

Este trabajo constante y asociativo a lo largo de Chile ha dado interesantes resultados durante el primer semestre del año en curso. En materia de incautación de mercancía falsificada y que vulnera la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual, entre enero y julio del 2020, Aduanas logró incautar más de 534 mil unidades de juguetes, con un valor comercial calculado en US$ 4,5 millones; 384 mil unidades de ropa, valorizadas en US$ 2,2 millones y casi 225 mil accesorios de celulares, avaluados en US$ 1,9 millones. En materia de cigarrillos, durante los primeros siete meses del año Aduanas incautó 9,2 millones de cajetillas, un 21,4% más de lo incautado en el mismo periodo del año anterior, con una evasión calculada en US$ 22 millones. 

Entre los puntos más relevantes del acuerdo firmado en julio, se destaca el desarrollo del trabajo conjunto para apoyar y facilitar, de manera oportuna y sistemática, la destrucción de mercadería retenida, con el fin de evitar la comercialización ilegal, a través de mesas de trabajo en las que además se logren identificar brechas y proponer líneas de acción que faciliten el combate al contrabando. Asimismo, el convenio contempla la realización de actividades de investigación, difusión, capacitación y vinculación con la comunidad, en donde también se genere un intercambio de capacidades e información entre los profesionales que integran la Mesa Público-Privada OCI, dentro del ámbito de las competencias de cada cual.

El contrabando, el comercio ilegal, la piratería y los abusos a la propiedad intelectual son fenómenos que impactan negativamente a nuestro país en una dimensión social, económica y legal. Solo el trabajo coordinado nos permitirá combatirla y hacer frente a los flagelos sociales que esconde. Estamos convencidos que esta instancia público-privada colaborará en la construcción de una cultura de respeto a la ley y al cumplimiento tributario que nos permita aumentar nuestra recaudación fiscal en beneficio de todos los chilenos, especialmente en tiempos en los cuales requerimos hacer frente a las urgentes necesidades sociales y económicas de nuestra población. Por ello, el comercio justo y formal debe prevalecer.