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Comercio ilegal: las dos caras de la moneda


El año 2021 en materia de contrabando y comercio ilegal tuvo dos expresiones que son, sin duda, consecuencia una de la otra. La primera fue, lamentablemente, un histórico y explosivo aumento en la presencia de comercio ambulante informal en Chile que, como una marea lenta y persistente se apropió de los espacios de uso público. No se salvó ningún rincón del país, en el que miles de personas fueron utilizadas por las bandas del crimen organizado que coparon las calles vendiendo productos sin permisos sanitarios, falsificados, robados o de contrabando. 

La contraparte de este tsunami que copó el país fue la aprobación del proyecto de comercio ilegal, iniciativa presentada hace 14 años y que recibió la aprobación unánime del Congreso y que contribuirá a entregar más y mejores herramientas para la persecución, control, fiscalización, condena y castigo de este fenómeno.

Reconocer la realidad que enfrentamos y entregar soporte para su combate es parte del debe ser. Pero no nos engañemos. En el contexto del estallido social primero y la crisis de la pandemia después, la aparición del crimen organizado operando en total impunidad tiene una de sus expresiones más brutales en el abuso que se hace de las personas que ejercen el comercio ambulante informal, obligadas por un contexto de precariedad del empleo o de pérdida de la fuente laboral.

La crisis social y también la sanitaria han impedido el normal desarrollo de las actividades económicas en nuestro país, provocando que cientos de comerciantes formales hayan tenido que cerrar sus puertas y quienes no se han podido formalizar, están hoy expuestos y vulnerables como el último eslabón de la cadena de distribución usada para reducir y vender las especies ilegales. 

La evidencia es contundente. A modo de ejemplo: el 60% de las ferias libre de la Región Metropolitana vende cigarrillos de contrabando en base a la medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile (MIDE UC). Según cifras de Aduanas, entre enero y septiembre de este año se han confiscado 4.968.245 productos con un valor de 24 millones de dólares donde destacan la ropa con un 17%, accesorios de celulares con 15% y juguetes con 9%.

Con bajas penas hasta hoy, el comercio ilegal y el contrabando son una de las cajas recaudadoras del crimen organizado, al que se suman delitos mayores como narcotráfico o trata de migrantes cuyas ganancias lavan en el sistema financiero comprando activos que convierten en “fachadas” de legalidad. Combatirlo entonces es un deber de Estado.

El daño que produce el crimen organizado en el tejido social es enorme. Horada y corrompe a las instituciones y a las personas, se apodera de los territorios, debilita la democracia y al Estado ofreciendo aparentes ayudas sociales mayores a la de los propios gobiernos, reclutando así a los más vulnerables. 

Es por lo anterior que hemos insistido en que el camino a seguir por parte de públicos y privados debe ir en dos líneas de acción: apuntar decididamente a la formalización y a la educación del consumidor y trabajar de manera urgente en una política de Estado que permita la detección, control y procesamiento del crimen organizado y con ello de las bandas criminales que surten a los ambulantes. 

Verónica Pérez Weinstein

Presidenta Observatorio del Comercio Ilicito de la CNC

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