Comercio ilícito y crimen organizado

El año pasado, Aduanas y las policías incautaron los volúmenes más altos de cigarrillos y de productos falsificados de contrabando. En el primer caso, se evitó que se comercializaran mercancías sin certificación y con un impacto en la recaudación tributaria por US$ 44 millones, mientras que, en el segundo caso, se avaluó un daño por US$ 95,8 millones.

Como Chile no tiene una dimensión del mercado de productos movilizados de forma ilícita, no es posible concluir si esos US$ 140 millones decomisados corresponden a un éxito de la fiscalización, o si la cifra representa el “sencillo” de operaciones al margen de la ley.

Si la defraudación aduanero-tributaria estuviera alineada con la evasión de IVA -estimada en 20% por Hacienda -, la labor desplegada por Aduanas y las policías en 2017 no sería ni el 1% del valor de las mercancías ilícitas que entran o salen por nuestras fronteras. Una situación muy posible y en extremo preocupante.

El contrabando y el comercio ilícito está lejos de circunscribirse al comercio callejero informal. Obedece a organizaciones delictuales complejas, violentas, con capacidad para operar bajo el paraguas de la venta de drogas o el tráfico de armas. Es crimen organizado y debe ser tratado como tal.

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales no están preparadas para enfrentarlo. Las penalidades son bajas y representan una motivación para los delincuentes, al no existir una persecución criminal efectiva y disuasiva; la cooperación interinstitucional está sujeta a la voluntad de la autoridad de turno; el autocontrol en el sector privado no se manifiesta con el énfasis necesario; y las instancias público privadas no avanzan a la velocidad que demanda el delito.

El crimen organizado se infiltra en la institucionalidad y, desde el interior, socava la democracia, la empresa, el libre comercio, el crecimiento y la calidad de vida. El esfuerzo para evitar que cumpla su propósito debe ser colectivo, involucrando al Gobierno, las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sector privado, la academia y la sociedad civil. En materia delictual, no existen balas de plata ni soluciones instantáneas.

El crimen organizado es un enemigo silencioso y efectivo e ignorarlo o tratarlo eufemísticamente con nombres más sutiles no sólo representa un riesgo de costo económico, sino que también de daño institucional, lo que compromete severamente las posibilidades de desarrollo de nuestro país.

De ahí la importancia de recabar información sobre este fenómeno en todos los ámbitos donde deja rastro. Para ello, estamos trabajando junto al Observatorio del Comercio Ilícito con el fin de tener una mejor dimensión de esta problemática en Chile.