Del comercio ilícito al crimen organizado transnacional (COT)

Bien sabemos que la globalización es un proceso donde una de sus plataformas principales es una institucionalidad capaz de proteger los derechos y libertades de los individuos, y brindar las condiciones necesarias para el desarrollo del comercio nacional e internacional, cautelando que los bienes y servicios que se transan en el mercado estén sujetos a normas que aseguren su calidad, su origen y el cumplimiento de distintas exigencias medioambientales, laborales y aduaneras entre varias otras.

La globalización a su vez exige cautelar adecuadamente la propiedad intelectual (patentes) de modo de dar certeza respecto a la originalidad de cada producto o servicio y evitar la falsificación y el no pago de derechos de autor o intelectual.

En este marco de referencia general es posible entender lo que implica el comercio ilícito, entendiendo que éste se caracteriza por funcionar en la informalidad de la economía cuyos productos provienen del contrabando, el robo a distintas empresas (incluye el robo a camiones), la fabricación ilegal y las falsificaciones.

El vendedor ambulante ilegal, que habitualmente cuenta con el apoyo de quienes consideran que su trabajo es una forma de ganarse la vida, es finalmente el último eslabón de una larga cadena que parte por el financiamiento, continúa por la fabricación ilegal o búsqueda de proveedores y sigue con el almacenaje, trasporte nacional y/o internacional, distribución y, finalmente, venta directa. Recién allí aparece quién está en la calle ofreciendo algún producto (sea original o falsificado).

Todo este proceso está asociado a organizaciones criminales, las que realizan sus estrategias de “negocio”, en distintos países, especialmente aquellos que tienen una insuficiente o débil institucionalidad para controlar el origen de los productos.

Por lo anterior, no solo se requieren leyes nacionales, sino una legislación similar y homologa a nivel regional y mundial. Los esfuerzos en este sentido han sido importantes, como la creación de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC) que agrupa a toda la región, precisamente para frenar en conjunto este ilícito.

La implementación efectiva de medidas coordinadas intersectorialmente en cada país y, a la vez, a nivel regional y mundial constituye un imperativo estratégico para las naciones. Eso supone fortalecer la generación de bases de datos e información, mantener un control efectivo en la cadena de suministros y materias primas, contar con colaboración efectiva entre organismos de inteligencia especializados y, además, una eficiente cooperación público – privada que permita implementar estrategias y políticas públicas focalizadas y con capacidad de adaptación, para enfrentar una delincuencia organizada que evoluciona rápidamente.