El OCI se reunió con la subsecretaria de Prevención del Delito para coordinar la implementación de la ley de comercio ilegal


  • En la instancia, María José Gómez indicó que ya se mandó un oficio a las municipalidades a lo largo del país para que a la brevedad establezcan ordenanzas señalando donde se puede instalar el comercio ambulante que tenga los debidos permisos en cada comuna.

El pasado lunes 7 de febrero, el Presidente de la República Sebastián Piñera, promulgó la Ley sobre comercio ilegal, normativa que permitirá identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado sancionando la venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados, dotando a las policías y al Ministerio Público de nuevos mecanismos que faciliten la labor investigativa y de fiscalización.

Tras este hito, el OCI sostuvo una audiencia con la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, con el objeto de poner a su disposición la experiencia del gremio en orden a robustecer la implementación de la ley. En la instancia participó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes; la presidenta del Observatorio del Comercio Ilícito (OCI), Verónica Pérez y la encargada del OCI, Nicole Kuppenheim.

Durante la reunión, Ricardo Mewes le agradeció a la subsecretaria la invitación a participar en la ceremonia de promulgación de la ley y enfatizó en la importancia de contar con esta nueva normativa para combatir el comercio ilegal. Destacando la entrega de herramientas concretas de control, fiscalización y penas, siendo especialmente importante la figura de asociación ilícita y relevando el fenómeno con su origen en el crimen organizado.

En la instancia, Mewes manifestó la preocupación del gremio por la correcta implementación de esta normativa, ante lo que la subsecretaria le comentó que, en una primera etapa, ya se envió un oficio a los 345 alcaldes del país para hacerles presente que en sus ordenanzas municipales deben obligatoriamente establecer cuáles son los lugares donde se puede realizar el comercio ambulante junto con implementar una identificación única de aquellas personas que cuenten con los permisos municipales para realizar esta actividad.

Al respecto, Gómez señaló que, si bien subsecretaría no puede fiscalizar a los municipios, si puede consultar cómo va la implementación de los procesos y hacerles seguimiento, en especial porque hay algunos municipios, sobre todo en regiones, que no tienen mayor conocimiento de la legislación. Añadió que la cartera puede asesorarlos para saber si están realizando esta adecuación de sus ordenanzas, ya que muchas veces estos no cuentan con equipos técnicos para desarrollarlas.

La subsecretaria recomendó continuar el diálogo con las nuevas autoridades que asumen el 11 de marzo, con la finalidad de hacerle seguimiento al oficio enviado y, si es necesario, ver la posibilidad de entregar capacitaciones y asistencia técnica a los municipios, para que sepan que la ley les entrega facultades a los inspectores para fiscalizar y examinar el origen de las mercaderías.

Por otra parte, María José Gómez también indicó que es importante activar a las cámaras de comercio regionales y locales para que estas conversen con los alcaldes y constituyan mesas de diálogo que les permitan llegar a acuerdo para escoger lugares para que se instale este tipo de comercio, que sean en beneficio del comercio establecido y de los municipios, ya que está comprobado que donde existe comercio ilegal aumentan los delitos.

Gómez enfatizó la importancia de que el gremio pueda continuar este vínculo con las autoridades de manera que puedan conocer cómo se está implementando la ley y donde también se les pueda plantear las preocupaciones que tienen, realizar mapeos para identificar los problemas, y que el comercio establecido puede ser fuente de información respecto de focos delictuales y contribuir en la investigación de los delitos.

Por su parte, Verónica Pérez puso a disposición la experiencia del OCI, así como las instancias público-privadas, los estudios y todas las iniciativas en pro de la formalización y la detección de las bandas criminales, además de continuar colaborando en todas aquellas instancias necesarias para combatir este fenómeno.

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