Fortaleciendo la investigación penal de comercio ilícito grave

La delincuencia más grave y organizada en el ámbito del comercio ilícito tiene como motor e incentivo fundamental el beneficio económico proveniente de su actividad criminal. Si ello es así, resulta evidente que las estrategias para su detección, investigación y persecución penal debieran prestar particular atención al seguimiento de huellas y rastros de dichos beneficios materiales.

Por ello es tan relevante que nuestro marco punitivo y de investigación criminal se refuerce para enfrentar en forma más contundente y efectiva a la delincuencia organizada. En tal sentido gira, a juicio de la Fiscalía del Ministerio Público, el proyecto de ley contenido en el boletín 5069-03, casi aprobado aunque postergado inexplicablemente en el Congreso Nacional, que consiste en una intensa respuesta de fiscalización y control del comercio ilícito. Esta iniciativa, incorpora, entre otras normas, la sanción especial de organizaciones criminales en la materia y la facultad para que los fiscales del Ministerio Público puedan, con autorización judicial previa, implementar técnicas especiales de investigación criminal de dichas organizaciones vinculadas al comercio, como el de las entregas vigiladas o controladas de mercancías de origen ilícito, fundamentales para escalar en la identificación de eslabones superiores de la cadena delictual. El proyecto fomenta, además, el inicio de investigaciones penales por delitos tributarios de comercio ilegal o clandestino, permitiendo la denuncia directa de las policías a fiscalía, sin esperar decisiones retardadas del Servicio de Impuestos Internos.

En la misma línea, otro proyecto próximo a ser ley es el contenido en el boletín 12215-05, que incrementa las sanciones privativas de libertad y de multas para las situaciones más graves de contrabando. Las penas tan bajas que hasta ahora tiene el contrabando generan mayores incentivos para que bandas y organizaciones criminales incursionen en este tipo de delincuencias, donde los riesgos de sanciones severas son prácticamente inexistentes frente a los enormes beneficios económicos que producen.

Por ahora, las herramientas con que la fiscalía busca potenciar las capacidades de detección e investigación en la materia están dadas por el aprovechamiento del sistema creado por la ley 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero y reforzó la investigación criminal y sanción del lavado de dinero proveniente, entre otros, de los contrabandos más graves y del delito de asociación ilícita de nuestro Código Penal. El seguimiento de flujos monetarios o de otros activos inusuales o sospechosos permiten construir indicios que ameriten la generación de investigaciones criminales más profundas.

Lo anterior, unido al trabajo que el Ministerio Público está llevando adelante en todo el país para consolidar las Fiscalías de Focos Delictuales y Unidades de Análisis Criminal regionales, creadas por la ley 20861, va en la misma línea de generar mayores capacidades para aspirar a investigaciones criminales más intensas, de manera de afectar más concretamente a la delincuencia de mayor complejidad y sofisticación asociada al comercio ilícito.

Iniciativas como el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio son fundamentales en materia de prevención delictual y debieran incentivar un incremento significativo en las capacidades público-privadas de detección de indicios del actuar delictual organizado en el mundo del comercio.

A pesar de ello, prevención y detección temprana y profunda de indicios delictuales no son suficientes si no logramos un aumento significativo en la dotación, preparación y capacidades operativas policiales, dedicadas a la investigación criminal de estos ilícitos. Sólo con mayor y mejor coordinación público-privada, respaldo de la autoridad pública, más y mejores policías y fiscales y cabal aprovechamiento de mejoras normativas, los resultados se harán evidentes.