Columna Presidente CNC, Ricardo Mewes, en la el diario El Mercurio.

Celinda Toledo, dueña de una joyería en La Cisterna, había sufrido cinco intentos de asalto en su local. Su hijo siempre había logrado repeler a los delincuentes, pero esta vez el desenlace fue otro. La semana pasada, cuatro hombres irrumpieron en su negocio, rompieron las vitrinas para sustraer alhajas y le dispararon causándole la muerte.
Este repudiable hecho debe llamarnos a una profunda reflexión.
Hace un poco más de dos semanas, otra joyería -Mosso, en el Mall Alto Las Condes- también sufrió un violento asalto. Afortunadamente sin heridos ni víctimas fatales, pero dando cuenta de que la delincuencia no cede y que debemos ponerle atajo.
El robo a la Joyería Mosso permitió a Carabineros identificar supuestas fallas o debilidades en los centros comerciales y es así como impulsará la adopción de medidas adicionales en las tiendas de alhajas, tales como vidrios blindados para vitrinas, cámaras de alta definición capaces de captar los rostros de los delincuentes y pulsadores de pánico o alarmas portátiles para cada dependiente.
También se ha mencionado la posibilidad de que se cambie de ubicación a estos locales, alejándolos de los accesos principales de los malls .
Sin embargo, el razonamiento de que la perpetración de delitos graves deja al descubierto «fallas de protección» de las tiendas de los malls es injusto e inadecuado, ya que apunta a poner en primera línea de responsabilidad a los dueños de los establecimientos comerciales en circunstancias que es evidente que estamos frente a un problema de seguridad pública, donde las mayores responsabilidades recaen en el Gobierno, las policías, los parlamentarios y los tribunales.
En todo lo que puedan colaborar los privados, bienvenido sea, pero la responsabilidad primera es del Estado y de aquellas instituciones cuyo único fin es resguardar la vida de las personas y la integridad de sus bienes.
El sector privado gasta unos US$ 2.000 millones anuales en «seguridad», monto que supera los fondos que se destinan a las policías, quienes deben velar porque los ciudadanos puedan desenvolverse sin riesgo de que su integridad física o su propiedad sean violentadas por los delincuentes.
Las inversiones hechas por privados quedaron en evidencia en el último estudio de Victimización del Comercio de fines del año pasado, donde un 56% de los consultados afirmó que aumentó sus medidas de seguridad en los últimos seis meses, destacando la instalación de alarmas, rejas exteriores y cámaras de seguridad.
La colaboración entre las instituciones del Estado, las personas e instituciones privadas es importante y necesaria en muchos ámbitos, especialmente en éste, pero no puede ser que el gasto privado se siga incrementando a medida que crece el delito. No vamos por buen camino.
Los desembolsos del comercio no agregan productividad y son una carga cada vez más cara que evidentemente se va traspasando a los consumidores, quienes finalmente no solo pagan los impuestos sino que también los costos de la seguridad que corresponden al Estado.
¿Cómo cortamos entonces la cadena delictual? Necesitamos aplicar las más severas sanciones; aumentar las penas; castigar como corresponde la reincidencia; hacer realidad el eslogan de ponerle candado a la puerta giratoria, y terminar con el tratamiento benigno a quienes no trepidan en atentar contra la vida de los demás, sin perjuicio de que el sistema carcelario sea capaz de posibilitar la rehabilitación.
En el comercio tenemos la esperanza de que el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento para perfeccionar el sistema procesal penal tenga como resultado que, por fin, sin perjuicio de que los delincuentes tengan un juicio justo, las garantías estén del lado de las víctimas y no de los victimarios.