• En la oportunidad, los integrantes de esta instancia pudieron conocer las principales normativas que contiene la nueva Carta Magna y resolver sus principales inquietudes.

 

En una nueva sesión de la Comisión Jurídica de la CNC, presidida por Jorge Guerrero, el académico de la Escuela de Gobierno de la UC, Diego Gil, expuso acerca de los principales puntos del borrador de la nueva Carta Fundamental.

En su exposición, el académico se refirió al foco del texto y sus implicancias, señalando que este es un borrador con algunas imprecisiones y temas que deben ser aclarados con el trabajo de la comisión de armonización. Indicó que, aunque es difícil desligarse del proceso, en la oportunidad se busca generar una aproximación descriptiva más que normativa, ya que varios aspectos serán modificados en lo que resta del proceso.

Al referirse a las características generales del texto, Gil indicó que esta es una Constitución “patchwork” ya que, a su juicio, reúne un conjunto de ideas dispersas y heterogéneas defendidas por grupos minoritarios, con poca visión mayoritaria, donde se tomaron en cuenta agendas de grupos reducidos, lo que viene a complejizar la labor de la comisión de armonización.

El académico, señaló igualmente, que algunas disposiciones que regularon el proceso incidieron en el resultado, , por ejemplo, la que permitió que las comisiones aprobaran normas por mayorías simples y no por 2/3, lo que posibilitó que al Pleno llegaran muchas ideas que no tenían posibilidades de ser aprobadas, generando pérdida de legitimidad y de tiempo. También relevó la dificultad de identificar un modelo y referencias intelectuales en el texto. Gil indicó que se pueden vislumbrar compromisos por cambios intermedios más que radicales y que la nueva Carta Fundamental regula varias materias que no son propiamente constitucionales.

De la misma forma, Gil destacó que hay varios aspectos innovadores, interesantes de observar,  por ejemplo, un nuevo sistema político que debiera generar una dinámica distinta a la que tenemos actualmente. Indicó que la implementación de la nueva Constitución será un proceso político muy complejo, ya que elaborar leyes que tomen definiciones sobre ese texto será difícil.  A juicio de Gil, un aspecto unificador del texto constitucional es que le da una primacía al Congreso, el que tiene la última palabra.

También se refirió a algunas características generales de la distribución del poder político, destacando que posibilita la existencia de un nuevo régimen político con un presidencialismo más atenuado y bicameralismo asimétrico, es decir, dos cámaras legislativas, pero una con más poder que la otra; también por la creación de múltiples órganos autónomos constitucionales, muchos sin regulación en sus nombramientos; por plantear un fuerte compromiso con procesos de participación ciudadana, lo que puede generar expectativas que no se puedan cumplir y; donde se propone un modelo incierto, complejo e impreciso de Estado regional.

Gil comentó además las características generales de la parte dogmática del borrador, como lo relacionado al estatus constitucional del sistema internacional de los Derechos Humanos; la continuidad que se refleja en el ámbito de los derechos civiles y políticos; el fortalecimiento del catálogo de derechos sociales; nuevos derechos de difícil conceptualización como el derecho a la ciudad, derechos de la naturaleza o a la alimentación adecuada, los que no tienen tradición asentada sobre qué significan y cuáles son los estándares normativos que involucran. Destacó que se crea una nueva acción de tutela que reemplaza al recurso de protección, pero con implicancias difíciles de identificar.

Para finalizar, el académico comentó los aspectos económicos más relevantes del borrador, entre los que mencionó la adecuada protección del derecho de propiedad; el reconocimiento de libertad de emprendimiento; el estatuto constitucional especial que se le entrega a las tierras indígenas; el fortalecimiento de derechos laborales con potenciales efectos complejos en algunas dimensiones como el ámbito en que se podrá verificar la negociación colectiva; la prohibición de dinámicas de mercado en algunas áreas específicas como aguas y educación; mayor espacio para empresas públicas y provisión pública en algunas áreas y,  mayor espacio para judicialización de actividades económicas.

Posteriormente, los asistentes realizaron diversas consultas al respecto, las que fueron contestadas por el relator.