• En un conversatorio digital denominado “Institucionalidad de ciberseguridad en Chile: desafíos y urgencias para un nuevo escenario”, la Alianza Chilena de Ciberseguridad junto a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile congregó por primera vez a representantes del parlamento, del Gobierno y del sector privado para debatir sobre la responsabilidad que tiene el Estado de crear, a la brevedad, un organismo que otorgue protección de datos personales e información crítica de entidades y personas, dado el contexto de crisis sanitaria.
•  Los invitados a exponer fueron los senadores Kenneth Pugh y Felipe Harboe; el director de la Red de Conectividad del Estado, Carlos Landeros y el abogado y socio de Carey y Cía., Guillermo Carey. Si bien todos estuvieron de acuerdo en que es necesario generar un cambio cultural en Chile para que la seguridad digital sea una prioridad, Harboe estableció el punto de inflexión señalando que “la autoridad no ha estado a la altura de entender el problema real de la ciberseguridad”.

La pandemia del covid-19 ha causado un aumento exponencial en el uso de tecnologías digitales y, con ello, se han incrementado los riesgos en ciberseguridad para las personas, empresas e instituciones. En este nuevo escenario, la necesidad de contar con una institucionalidad que lidere tanto una adecuada coordinación técnica y política, como la implementación de medidas eficientes y transversales, se vuelve imprescindible.

La Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC) ha levantado esta discusión a través de diversas instancias y una de ellas ha sido el conversatorio, organizado en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, “Institucionalidad de ciberseguridad en Chile: desafíos y urgencias para un nuevo escenario”, en el cual expusieron cuatro representantes del sector público y privado en el ámbito de la ciberseguridad nacional: Kenneth Pugh, senador independiente; Felipe Harboe, senador PPD; Carlos Landeros, director de la Red de Conectividad del Estado (Ministerio del Interior) y Guillermo Carey, abogado y socio de Carey y Cía.

La presidenta de la ACC, Yerka Yukich, afirmó que este debate fue fundamental, ya que por primera vez se unen representantes del Ejecutivo, del congreso y del ámbito privado para establecer líneas de trabajo entre las partes. Añadió que «La ACC ha hecho un llamado al Ministerio del Interior y al Comité Interministerial sobre Ciberseguridad para imponer acciones que faciliten la generación de un sistema de ciberseguridad resiliente y efectivo. El cibercrimen y el ciberespionaje son acciones reales que pueden afectar al Estado, a las infraestructuras críticas, a la banca y a las empresas. Por eso es necesario considerarlo como una prioridad».

En el encuentro, el senador Kenneth Pugh destacó el desarrollo digital de Estonia, como ejemplo para nuestro país y aseguró que “después de la pandemia, los riesgos más importantes son los de ciberseguridad”. En ese sentido, subrayó que “el año pasado se publicó la ley 21.180 de Transformación Digital del Estado, que se basó en un modelo de cibercapacidades de naciones, el cual fue desarrollado en la Universidad de Oxford y es usado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)”. Asimismo, afirmó que, si bien las leyes son la base para establecer un mecanismo de seguridad digital, lo fundamental es la cultura, la cual son las personas que están en la primera y la última línea de defensa”.

En tanto, el senador Felipe Harboe fue directo y enfático al señalar que “cuando se observa la realidad chilena, se puede dar cuenta de que la autoridad actual no ha estado a la altura de entender el problema real de la ciberseguridad”. Por otra parte, recalcó que en este Gobierno ya han liderado en la materia dos consejeros de Estado y “ambos han tenido problemas de coordinación interna y de disputa de espacios en el Ministerio del Interior y en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, lo cual se refleja en que la estructura de las organizaciones no es la adecuada”.

Harboe añadió que “Chile destaca por la falta de una cultura de ciberseguridad” por lo que aseguró que “cualquier institucionalidad por la que opte el Gobierno como política de Estado debe hacerlo prontamente”. En cuanto a la actual gestión, sentenció que “más allá del esfuerzo que pone Carlos Landeros en la Red de Seguridad del Estado, se requiere de una institucionalidad que dote de facultades y de potestades públicas a los encargados de ciberseguridad y que genere una sinergia entre los diversos estamentos del Estado”.

Carlos Landeros, por su parte, detalló los esfuerzos que ha hecho el Gobierno en este sentido y añadió que “para pensar en una institución de ciberseguridad se requiere ser realista con los presupuestos”, así como también es necesario “adaptarse a la situación actual del país”. Agregó que crear un organismo de investigación que requiere de millones de dólares, pero sin tener fondos, no es lógico, por tanto, “hay que ser cuidadosos”, “no podemos ser irresponsables o ambiciosos de pensar que la ciberseguridad es lo único (…), no podemos dejar de lado lo que está pasando en nuestro país”. Añadió que si bien “la cultura es clave, tiene que haber un proceso de maduración” ya que, según dijo, no es posible compararnos con España o Israel.

Al finalizar, Guillermo Carey también puso la voz de alerta al sostener que “para que haya cultura se requiere tiempo, pero ya no lo tenemos”. Sentenció que “si no tomamos las medidas hoy en introducir como necesarias las transformaciones digitales en las empresas, estaremos cojos”. Además señaló que “estos gastos nunca se aprecian, hasta que es posible evitar un siniestro mayor” del cual dijo que, si llegase a suceder, podría ser “catastrófico”. Por este motivo, consideró que para enfrentar el actual escenario en Chile, es esencial generar espacios de acuerdo entre el ámbito público y privado.