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Sernac: Hacia una mejor institucionalidad

29/10/2014

palacio CNCLos consumidores son vitales para el desarrollo del comercio. Por ello estamos convencidos de la necesidad de avanzar hacia una política de protección de los consumidores expedita, con una institucionalidad eficiente y que esté a la altura de países desarrollados.

Como Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), compartimos ese objetivo, y creemos que tenemos una oportunidad real de avanzar. Sin embargo, el proyecto de ley que busca fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) no es compatible con esta meta, y va en una línea que consideramos equivocada: defender los derechos del consumidor, interpretar la ley, fiscalizar su cumplimiento y normar y sancionar a los infractores, centralizando estas facultades en una sola entidad, no apunta a un perfeccionamiento real del sistema, sino más bien a robustecer el Estado.

Si bien valoramos la intención de mejorar el proyecto, nos preocupa que la comisión de Economía de la Cámara de Diputados haya aprobado disposiciones que, a nuestro juicio, aún merecen una detenida revisión, y no pueden seguir avanzando bajo una urgencia forzada que más adelante podemos lamentar.

El establecimiento de un sistema formado por componentes denominados “murallas chinas” claramente no es suficiente, y es más bien una declaración de intenciones. Separar a los funcionarios encargados de investigar de aquellos responsables de sancionar será una medida difícil de ejecutar, ya que como está planteado el proyecto de ley, se trata de una institución eminentemente jerárquica, que depende de una sola autoridad. En efecto, la división de funciones sigue siendo frágil y, por tanto, se mantiene el riesgo de que se generen conflictos de interpretación y ejecución, afectando de manera directa el derecho fundamental al debido proceso.

Otro aspecto que consideramos necesario conocer y detallar es cómo se llevará a cabo el diálogo regulatorio entre los distintos organismos públicos. En este sentido, se debe velar para que sea una herramienta efectiva, y no una instancia meramente consultiva que desencadene colisiones o superposiciones normativas. Ello, lejos de ayudar a contar con un mejor sistema, lo hará más engorroso, perjudicando a los mismos consumidores que se desea proteger.

Si bien se aprobó la indicación que considera crear un Consejo Técnico, en los hechos el Sernac seguirá manteniendo la facultad de interpretar, dictar normas generales y sancionar, pudiendo -incluso- imponer su criterio por sobre normas técnicas de otros sectores regulados, lo que abrirá espacios para incertidumbres legales.

En este sentido, es necesario que se establezca un real y concreto Consejo Técnico que emita opiniones vinculantes, para canalizar un diálogo regulatorio efectivo. De hecho, parte de nuestra exposición realizada ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados se basó en la necesidad de crear una comisión especializada, autónoma, técnica y colegiada, que pudiera resolver -a través de una mediación- los conflictos que se produzcan entre consumidores y proveedores, dejando siempre abierta la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia.

También sugerimos en su oportunidad la creación de un consejo directivo pluralista, y que sea este el que nombre al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor para garantizar así su independencia del gobierno de turno, evitando cualquier tipo de discrecionalidad o arbitrariedad.

Por estas razones, es inconveniente mantener en el Sernac la función normativa y sancionatoria, considerando que la multiplicidad de tareas que le asigna el proyecto lo llevan a ser juez y parte.

También es necesario una detenida revisión de la aplicación de multas. Ello, pues nos preocupa que se establezca un techo asociado a una proporción de las ventas y que a futuro implique para los proveedores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del sector, un camino directo a la quiebra.

Y si bien nos parece adecuado que el Ejecutivo reconozca la competencia de los Juzgados de Policía Local (JPL), es cuestionable que solamente puedan conocer -si así lo demanda el consumidor- de casos que involucren conflictos cuya cuantía sea superior a 25 UTM, en circunstancias que la gran mayoría de las transacciones comerciales son por montos inferiores.

En síntesis, la prisa por cumplir una meta no nos puede hacer renunciar a la posibilidad de legislar con visión de futuro. Esperamos que en los próximos trámites legislativos se retire la urgencia, se revise y analice detalladamente el proyecto, evitando efectos contrarios a lo que todos queremos y por lo que estamos comprometidos a trabajar: un mejor y mayor resguardo de los derechos de los consumidores.

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