• La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) y el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de Puerto Montt (OCIS) realizaron un seminario para abordar los riesgos del juego ilegal, su impacto social y económico, y la necesidad urgente de fortalecer la fiscalización y legislación vigente.

Puerto Montt fue el escenario del seminario “El juego ilegal, un problema de seguridad”, una actividad organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local, en conjunto con la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) y el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad, una instancia promovida por la CNC y lanzada oficialmente en marzo de este año en dicha ciudad.

El objetivo de la jornada fue generar conciencia sobre la expansión de los casinos populares ilegales y las plataformas de apuestas en línea, fenómenos que no solo vulneran la legislación vigente, sino que generan graves consecuencias económicas, sociales y culturales. Entre los asistentes se encontraban socios gremiales, autoridades regionales, representantes de las fuerzas armadas, academia e invitados especiales.

En su intervención inaugural, Patricio Ampuero, presidente de la Cámara de Puerto Montt, señaló que “esta iniciativa está en línea con nuestro compromiso de aportar a una ciudad más ordenada y segura, promoviendo la reflexión en torno a estos temas. Además, refuerza el rol de nuestro Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad como espacio articulador de nuevas acciones orientadas a la formalización. Desde el ámbito privado, queremos seguir apoyando al municipio, que en poco tiempo ha impulsado importantes cambios y mejoras en la presentación de la ciudad.»

Por su parte el presidente de la CNC, José Pakomio, destacó la urgencia de abordar esta problemática desde una perspectiva integral. Pakomio hizo un llamado claro a avanzar en una legislación moderna y robusta, que establezca sanciones efectivas y asegure una fiscalización real. “No podemos normalizar una actividad que es ilegal. El juego no regulado es, ante todo, un problema de justicia y de responsabilidad pública”.

Asimismo, el dirigente valoró los proyectos de ley que se encuentran actualmente en el Congreso, como el que crea el subsistema de inteligencia económica —clave para seguir la ruta del dinero— y el que regula el juego de plataformas digitales. “Desde el sector público y privado debemos colaborar para perfeccionar estas herramientas normativas y enfrentar con decisión esta amenaza creciente”, concluyó.

Durante el evento, la presidenta ejecutiva de la ACCJ y vicepresidenta de la CNC, Cecilia Valdés, expuso sobre el avance descontrolado de las máquinas tragamonedas ilegales, señalando que “la industria enfrenta una competencia desleal que pone en riesgo el desarrollo regional, el empleo de calidad y la recaudación fiscal”. Valdés enfatizó que “este mercado ilegal mueve entre 300 y 700 millones de dólares al año, operando con total impunidad en los barrios del país”.

Por su parte, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo abordó los desafíos del marco legal actual, apuntando a la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional. “El juego ilegal está asociado al lavado de activos, evasión tributaria y corrupción. La persecución penal hoy es muy débil y requiere herramientas más efectivas para sancionar a quienes lucran al margen de la ley”, afirmó.

El seminario también puso énfasis en la urgencia de aprobar los proyectos de ley actualmente en discusión en el Congreso, como la creación de un subsistema de inteligencia económica para seguir la ruta del dinero ilícito y la regulación de las apuestas en línea. Desde el mundo privado, se reiteró el compromiso de colaborar activamente con los municipios, las policías y el Ministerio Público para recuperar los espacios públicos y reforzar la seguridad.

“Debemos sumar todos los esfuerzos en una alianza público-privada sólida, comprometida con frenar esta amenaza que afecta a nuestras comunidades. No podemos normalizar una actividad ilegal que socava nuestras instituciones”, concluyó Cecilia Valdés.