Valoramos el esfuerzo del Gobierno en la materia y que se muestre compromiso con el diseño e implementación de medidas para robustecer la seguridad nacional, una de las principales preocupaciones de nuestro sector.  En el documento que hemos podido revisar vemos iniciativas interesantes, pero sin duda, creemos que es urgente dotarlo de mayor gobernanza para que realmente sea un acuerdo transversal. Si la delincuencia ha avanzado a la velocidad que lo ha hecho, es precisamente porque el mundo político cree que podrá combatirla con debates ideologizados en vez de una discusión generosa y, a la vez, técnica.

Del texto, vemos con mucho pesar que en el combate del comercio ilícito, no existe ninguna línea concreta de trabajo, incluso dejándolo en el documento como el apartado de “otros”, a pesar de nuestros múltiples llamados a tomar acción en la materia. Ya es conocido por todos el problema que este tipo de actividades está generando no solo a los comerciantes locales, sino también a las comunidades de vecinos, al estado de las calles y a la seguridad de las personas que desean transitar por lugares limpios y tranquilos.

También nos preocupan algunas afirmaciones que resultan injustas, por ejemplo, en el apartado de “Prevención de asaltos al retail de alto valor en malls”, en el que dice que “en vista de la reiteración de asaltos de este tipo y de los insuficientes avances en los acuerdos entre tiendas y centros comerciales, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley (…)”, teniendo en consideración que nuestro sector sí invierte en seguridad, constantemente y, de hecho, cada vez más.

Este tema, es relevante, si consideramos que en la actualidad no tenemos una única y clara Ley de Seguridad Privada, falta agilidad en las acreditaciones, mayor oportunidad de coordinación con las policías, que permitan realmente prevenir este tipo de situaciones, que ponen en riesgo no sólo al público, sino a los mismos locatarios y trabajadores. Añadido a eso, es que las propuestas que vemos hoy en día sólo están dejando esto en el rol de los privados, siendo que lo central es la responsabilidad principal del Estado en materia de seguridad. ¿Qué oportunidad tiene una pyme de protegerse si apenas está pudiendo cargar con todas las otras responsabilidades que se le imponen? ¿Qué competitividad tendrán si su inversión se va en seguridad y no en nueva tecnología o modernización de sus procesos?.

Del mismo modo, y aunque valoramos el trabajo conjunto que se espera con las Municipalidades, no es menos cierto que estas, como gobiernos locales, ya se encuentran sobrecargadas y con problemas de financiamiento. En ese sentido, aunque la colaboración es vital, resulta aún más que el Gobierno Central dirija estas políticas, siendo transversales a los territorios y ejecutables en la práctica.

La persecución y sanción del crimen organizado se sigue quedando atrás, más si tenemos en cuenta las últimas noticias de bandas con nexos internacionales, que quieren hacer de Chile su casa. Aquí, también cobra relevancia el que no solo cuidemos las fronteras, sino que también se exija cooperación a los países vecinos, para evitar la proliferación de este tipo de bandas en la región. No podemos permitir que el crimen organizado sea más organizado que la política, dejándole espacio para que se aproveche de nuestros titubeos.

Por eso, y aunque parece ser un avance el trabajo interinstitucional, preocupa que mientras este programa se desarrolla y las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, los ciudadanos seguimos siendo víctimas de un fenómeno que parece imparable.