• El convencional independiente planteó que existe un problema de concepción en el borrador de la Carta Magna, puesto que a su juicio confunde los conceptos de seguridad, violencia y orden público.

Con palabras de bienvenida de Verónica Pérez, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), se dio inicio al conversatorio “Orden público y seguridad: ¿qué dice el borrador de la Constitución?”, el que contó con la participación de Felipe Harboe, Convencional Independiente; José Pakomio, vicepresidente de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso; Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales; Catalina Mertz, presidenta Asociación de Supermercados de Chile y Raimundo Prieto, presidente del Comité de Seguridad y Prevención de la Asociación Logística de Chile.

“En cada uno de los últimos seminarios y encuentros que hemos realizado, hemos señalado que nuestro país está viviendo una crisis de seguridad y orden público como pocas veces hemos sufrido en las últimas tres décadas, situación que la propia autoridad ha declarado y asumido. No hay día en que la victimización y el aumento de la delincuencia no esté presente en las noticias, por cierto, causando graves daños al patrimonio público y privado y, lo más dramático, con la pérdida de la vida de nuestros compatriotas, civiles y representantes de Carabineros, en una oleada de violencia que como país miramos atónitos, abrumados y con cierta desesperanza al no poder visualizar y tener certeza de la efectividad de las medidas en tiempo y forma”, señaló Pérez.

Además, agregó que “como gremio nos preocupa el tratamiento que se le ha dado a la seguridad en el borrador de la nueva Constitución. Hace pocos días, Ricardo Mewes, presidente de la CNC manifestó en una carta al Mercurio: “vemos una desconexión entre uno de los temas más sensibles para la población como lo es la seguridad y un texto que dedica un título lleno de derechos para personas privadas de libertad sin mencionar las garantías para las víctimas de delitos”. Como privados tenemos la responsabilidad de levantar nuestra voz e intentar ser escuchados. Es por eso por lo que hemos organizado este seminario con el objetivo de analizar esos alcances y otros contenidos en el articulado en materia de seguridad ciudadana”, finalizó.

A continuación, Felipe Harboe, constitucional independiente, expuso sobre el tratamiento de la seguridad en el borrador de la nueva Carta Magna. “Lo primero que quiero plantear es que tenemos un problema de concepción en el borrador, puesto que a mi juicio confunde los conceptos de seguridad, violencia y orden público. Ahora bien, seguridad se menciona en veintitrés oportunidades en el nuevo texto constitucional, luego violencia se mencionan en siete oportunidades y orden público, aunque ustedes no lo crean, no se menciona. No obstante, vamos a analizar algunas materias que, en estricto rigor, sin mencionarse, están hoy día o pueden estar hoy día, reguladas en esta materia”, indicó.

En esa línea, Harboe señaló que “en materia de seguridad, se debe desarrollar una política pública que debe orientarse de manera técnica, evidentemente, asumiendo las diferentes etapas de seguridad: prevención social prevención situacional, control, persecución penal, sanción y rehabilitación, en consecuencia, se requiere de una mirada mucho más técnica. En el caso del fenómeno de la violencia, demanda probablemente una acción mucho más coordinada en los procesos de formación tanto escolar como familiar de las personas, porque en el caso de la violencia pueden existir hechos que constituyen delitos y otros que no. Finalmente, en materia de orden público, es una decisión más política que técnica, es decir en la Constitución el sistema de seguridad entrega a la autoridad política las potestades para poder ampliar o reducir los ámbitos de ejercicio de los derechos. En consecuencia, siempre será una decisión política y por tanto se requiere que el tratamiento sea diferenciado”, agregó el constitucional independiente.

Harboe finalizó su presentación diciendo que “a mi juicio tiene un gran acierto el texto constitucional y es que consagra la seguridad como un derecho, siguiendo la tendencia de las constituciones de Occidente de las últimas décadas, porque promueve e incentiva la interacción más eficaz y eficiente los órganos del Estado. Las dificultades, están en la confusión de conceptos, el rol de presidencias, la indefinición de institucionalidad territorial, la reducción del rol del Gobierno y el rol de comunas autónomas con niveles altos de diferencia de financiamiento, capacidades operativas y prácticas. Finalmente, no se nombra el terrorismo, lo que es un grave error de concepto y puede tener graves consecuencias prácticas”.

Luego, se dio inicio al panel de conversación “La Realidad Sectorial en Seguridad”, en el que participaron José Pakomio, Katia Trusich, Catalina Mertz y Raimundo Prieto.

Sobre la realidad de las regiones en materia de seguridad y sus preocupaciones, además de cómo están enfrentando el fenómeno, habló José Pakomio, vicepresidente de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. “Siempre he hablado de que el ingrediente regional es distinto al de la capital. Yo traigo un par de cifras de la Encuesta de Victimización del Comercio de la CNC que hemos conversado y socializado con las regiones del país. Durante el segundo semestre del 2021 y con una apertura casi total del comercio, se registró un alza bastante significativa en los índices de victimización, los que pasaron de un 41% a un 47%. En Temuco, Iquique, Valparaíso y Puerto Montt, los índices aumentaron por sobre los 10 puntos porcentuales en comparación al primer semestre del 2021 y lo hizo mucho más Antofagasta, que pasó de un 30% a un 49%”, señaló Pakomio.

Por su parte, y sobre las medidas que se deberían implementar para combatir la delincuencia y aumentar la seguridad, Catalina Mertz, presidenta Asociación de Supermercados de Chile, señaló que “como sector de supermercados todos saben que a partir del del estallido social, cuando prácticamente 1 de cada 3 locales de sufrió algún tipo de ataque, hemos intensificado y mantenido todo lo posible la coordinación público-privada para poder abordar estos fenómenos. También las empresas han tomado muchas medidas preventivas para poder mejorar la seguridad y han trabajado también con las comunidades. Yo diría que los temas que siguen más vigentes y un poco con lo que se condicen las cifras es que las fechas emblemáticas siguen siendo un foco de riesgo relevante, en que saqueos y disturbios, ahí tenemos un foco muy relevante con las bandas organizadas”.

Para Raimundo Prieto, presidente del Comité de Seguridad y Prevención de la Asociación Logística de Chile, “hoy en día, tanto el transporte de carga, como lo centros de distribución e incluso las tiendas, se ven afectados por robos que tienen una particularidad: que casi todos se enfocan en los teléfonos celulares. En los últimos días ha habido cinco robos entre camiones y centro de distribución, de un promedio de 200 millones. Al mes, se roban más de un millón de dólares en estas tecnologías, con asaltos muy violentos. La solución es bloquear los equipos. Hemos hablado con el Gobierno, pero no hemos recibido respuesta. El tema es que vamos a seguir subiendo nuestras medidas de seguridad y se terminará en enfrentamientos directos con los delincuentes”.

Para finalizar, Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, señaló que “según cifras de Carabineros, en el país han aumentado más de un 48% los delitos de alta connotación y, por tanto, nadie está ajeno, a pesar de todas las inversiones y el esfuerzo que se pone. En cuanto a los principales problemas que hemos vivido en seguridad, estos tienen que ver en primer lugar con la colaboración. Yo creo que la importancia de una colaboración público-privada es clave, ya que es un fenómeno que no se puede abordar desde una sola mirada. En segundo lugar, nosotros tenemos una agenda de temas que ayudaría a evitar y prevenir muchos de estos delitos que se ven que se están cometiendo como, por ejemplo, el cambio del horario de los retiros de valores a horarios nocturnos, como era hace cuatro años, de manera que cuando eso ocurre no haya público en los centros comerciales. En tercer lugar, hay un déficit muy alto en el país y por tanto aumentar el número a nivel nacional facilitaría mucho tener disponible mayor cantidad de recursos humanos y con eso también garantizar la seguridad”.

La sesión finalizó con la reflexión de sus integrantes y el acuerdo de trabajar de manera público-privada para combatir desde raíz estos fenómenos que ponen en peligro la seguridad de la sociedad y el comercio en general.