• A juicio del sector empresarial, el acuerdo no debiera considerar alzas tributarias, sino que promover la inversión y el ahorro; resguardar los derechos de los contribuyentes; comprometer el buen uso de los recursos públicos y combatir fuertemente la evasión y la informalidad.

En el marco de las conversaciones que lidera el Ministro de Hacienda para avanzar en un pacto fiscal, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y representantes de las seis ramas (SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC y Abif), entregaron al secretario de Estado, Mario Marcel, un completo documento que contiene más de 40 propuestas para reimpulsar la economía en el corto plazo, generar condiciones para incrementar el crecimiento tendencial en el mediano y largo plazo, y levantar recursos que permitan financiar prioridades transversales de gasto público.

Durante la reunión, a la que asistió en representación de la CNC, su vicepresidente, Kenneth Werner, junto con agradecer al ministro la invitación a colaborar en la construcción de un pacto fiscal, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, destacó el compromiso del empresariado con el desarrollo del país y las necesidades de la ciudadanía. “Para ello se necesita financiamiento estatal, que en última instancia proviene de los contribuyentes, explicó. Y agregó: “Las empresas hemos contribuido en el último tiempo con importantes recursos adicionales, tanto a las arcas fiscales, como en beneficio del bienestar de las personas. La ley de 40 horas, la necesidad de una reforma a las pensiones con cargo al empleador, el alza del salario mínimo, el nuevo royalty minero, entre otros, hacen que solo en este Gobierno los costos del sector privado aumentarán entre 3,7% y 4,1% del PIB”.

Por otra parte, el presidente de la CPC dijo que las consecutivas alzas de impuestos en la última década han sido causantes de la desaceleración del crecimiento económico, han llevado a un aumento de la carga tributaria de los contribuyentes formales y han aumentado los ingresos fiscales. “De hecho, el Estado ha multiplicado sus ingresos por casi siete desde 1990, pero las transferencias hacia la ciudadanía no logran una significativa reducción de la desigualdad, ni mejorar la calidad de los servicios estatales en salud y educación”, puntualizó.

Otro aspecto que preocupa al empresariado y que fue destacado por Mewes durante la reunión, es el sistema público de permisos ambientales y sectoriales “que se ha transformado en un importante escollo que alarga y dificulta excesivamente la tramitación de proyectos de inversión y no siempre redunda en una mayor protección ambiental, pero sí en un enorme desincentivo e incertidumbre para quien decide invertir”, señaló.

Para abordar este escenario, el presidente de la CPC agregó, que “en lugar de aplicar alzas tributarias o nuevos impuestos, proponemos avanzar en un Acuerdo por el crecimiento económico y la eficiencia del gasto público, pues el crecimiento explica la mayor parte del incremento de la recaudación fiscal en los últimos 30 años”. Este acuerdo, según manifestó, “debe priorizar una robusta agenda procrecimiento de corto y de largo plazo que promueva la inversión y el ahorro que la financia, con un Estado que modernice y haga más eficiente gasto público. También debe considerar un sistema tributario moderno que resguarde los derechos de los contribuyentes, que avance hacia la equidad horizontal entre las distintas fuentes de renta, que promueva la convergencia gradual de las tasas entre inversionistas nacionales y extranjeros, y que combata decididamente la evasión y la informalidad que erosionan la recaudación tributaria”.

El documento presentado por la CPC y sus ramas contiene también un análisis de las propuestas presentadas por el Ministerio de Hacienda en las últimas semanas. Asimismo, comenta las principales medidas consideradas en el proyecto de reforma tributaria rechazado en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados, en particular aquellas que, a juicio de los empresarios, desincentivan la inversión y el ahorro, y menoscaban los derechos de los contribuyentes