• La cifra fue dada a conocer esta mañana en el seminario “Combatiendo el Delito a Ciegas: Cómo impacta el Crimen Organizado en el Comercio”, organizado por la Cámara Nacional de Comercio y la empresa de protección de activos ALTO.
• La actividad contó con la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, fue el encargado de dar la partida esta mañana al seminario “Combatiendo el Delito a Ciegas: Cómo impacta el Crimen Organizado en el Comercio”, organizado por la CNC y la compañía de protección de activos ALTO.

Durante el evento, que contó con la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se abordó el estado actual de los delitos en el comercio y se compartieron planes y buenas prácticas para enfrentar este desafío de manera colaborativa.

Durante su intervención, el presidente de la CPC y de la CNC, Ricardo Mewes, enfatizó que “sin seguridad, no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos. Lo he señalado en innumerables ocasiones: la seguridad es el factor habilitante para el crecimiento. Uno no es posible sin el otro. Esa confianza en el Estado y sus Instituciones es la que necesitamos para saber que podemos levantar las cortinas de nuestros almacenes, sin temor a ser asaltados, extorsionados o vandalizados. La confianza para que, sin importar donde ni cómo, se pueda emprender, crecer y dar empleo y saber que el éxito depende de nuestro esfuerzo y no está en manos de un delincuente”.

El dirigente gremial añadió que “lo que realmente aterra es el hecho de que las bandas criminales puedan tener no sólo mayor presupuesto, sino que, además, mayor tecnología y capacitación. En definitiva, aterra que sean más organizados que nosotros”, indicando que “sin perjuicio de aquello, la batalla no está perdida. Hoy más que nunca necesitamos generar espacios donde podamos, de manera transversal, avanzar en la solución a este problema. Estamos conscientes de que el compromiso en seguridad no termina en el Estado ni mucho menos solo en el Gobierno, sino que se requiere una mayor colaboración público-privada, en que sectores que representen al comercio, los servicios y al turismo y otras organizaciones sociales puedan aportar en la generación coordinada de políticas públicas, con información más certera y mayor diálogo entre todos”.

Pequeño y mediano comercio, grandes tiendas y supermercados, los más afectados

En la instancia se presentaron los resultados de un análisis llevado a cabo por ALTO, que arrojó que, durante el primer trimestre de este año, los delitos que impactan al comercio han experimentado un aumento del 38,2%, en comparación al mismo periodo del año pasado. La cifra es la mayor alza trimestral en los últimos cuatro años.

“Los datos del primer trimestre van en línea con el alza que se viene registrando en los últimos meses en el sector. Sin ir más lejos, al cierre de 2022, los delitos que afectaron al comercio también subieron 38% en comparación a los 12 meses del año anterior. En esa misma línea, junto con una mayor cantidad de eventos, también hemos podido detectar una mayor violencia en los delitos que se cometen contra el sector”, explicó Eduardo Hernández, gerente Legal y Compliance de ALTO.

El experto explicó que la compañía analizó los delitos que afectaron a Centros Comerciales, Logística, Servicios y Telecomunicaciones, Pequeño y Mediano Comercio, Grandes tiendas y Supermercados, y que fueron estos tres últimos sectores los que vivieron la mayor alza interanual este primer trimestre de 2023. En concreto, los delitos contra el pequeño y mediano comercio subieron 158,9%, las grandes tiendas 56,3% y los supermercados 23,4%.

Por otro lado, en cuanto al uso de armas de fuego para cometer delitos en el comercio, los datos del análisis mostraron un aumento de 104,8% durante el primer trimestre del 2023, siendo la Región Metropolitana la que anotó el mayor crecimiento, llegando a 138%. “A nivel nacional son 7 las comunas que concentran el 77,5% de los delitos cometidos con uso de armas de fuego que afectan al comercio, liderando la lista la comuna de Santiago Centro con un 35,7%”, agregó Hernández.

En línea con lo anterior, la Región Metropolitana concentra el 68,8% de los delitos violentos que se han registrado durante los tres primeros meses de este año.

Hernández añadió que, de acuerdo a la evidencia que se ha logrado levantar, una de las claves para reducir la delincuencia en el sector pasa por el trabajo colaborativo entre las empresas, policías, Ministerio Público y autoridades de gobierno. “La única forma de que podamos ganar esta batalla es trabajando en conjunto, compartiendo información y buenas prácticas. En ese sentido, creemos que, junto con la prevención, debemos trabajar para conseguir más y mayores condenas para aquellos que cometen delitos, de manera de que se produzca un efecto disuasivo”, afirmó.

Posteriormente se desarrolló un panel de discusión, en el participaron el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, el que fue moderado por la gerente de Comunicaciones de Mercado Libre, Bernardita Mazo.

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, fue claro en destacar lo que debe dejar este gobierno en materias de seguridad. “La brecha que el Estado tiene respecto a la realidad que se vive es enorme. El gobierno debe pensar en cuál es el Estado que va a dejar para darle a Chile mejores condiciones de enfrentar el derecho a la seguridad que tienen los chilenos. Tiene que dejar uno con instituciones fuertes para luchar contra el crimen organizado, tiene que dejar leyes que lo persigan y sancionen, buenas policías, cárceles seguras y un país con más presupuesto en materia de seguridad».

Dentro de los proyectos en materias de seguridad empujadas por el gobierno, el subsecretario destacó en su intervención la creación de un Ministerio de Seguridad y leyes que vayan en línea con robustecer la labor que realizan las instituciones.

“Lo segundo es que (el gobierno) tiene que dejarle mejores leyes para perseguir y sancionar el delito organizado, digo esto porque hoy nadie en Chile es condenado por ser parte de una organización criminal. Tendríamos que haberlo tipificado bajo la figura de asociación ilícita y nadie era capaz de demostrar que había asociación ilícita en Chile. El gobierno tiene que ponerse la tarea de heredarle al país una institucionalidad capaz de enfrentar la complejidad del delito que vive la sociedad hoy”, agregó la autoridad.

Por su parte, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, explicó que para lograr resultados es importante enfocarse en prevenir los delitos, proteger y perseguir, donde la colaboración entre los actores involucrados es clave. “La colaboración interinstitucional, los cruces de información son cruciales. Es necesario poner metas conjuntas entre las distintas instituciones, sabemos que no se colabora y si no se mira esto como un sistema en que todos colaboren y tengamos indicadores comunes tampoco vamos a tener resultados”, destacó Johnson.

Además, agregó que “no le podemos pegar a todos y es algo que lo debemos tener súper claro en Chile. Todos queremos que cuando nos roben el celular, el caso se resuelva mañana. No se puede, la cantidad de fiscales que tenemos nunca va a ser suficiente, ni la cantidad de policías. Por lo tanto, tenemos que priorizar proyectos en función de criterios claros a qué vamos a conseguir y lo que genere más daño a la ciudadanía”, finalizó.

Descargar presentación en PDF.