• Bernardita Calvo, abogada asociada del estudio NLD Abogados, representó al gremio en la instancia que tiene por objetivo realizar aportes para avanzar en el desafío de concretar las inversiones, mejorar la institucionalidad y contar así con un marco de mayor certidumbre y seguridad jurídica, bajo el convencimiento que el desarrollo sostenible pasa necesariamente por la preocupación permanente por el medio ambiente y las comunidades.

Bajo la premisa de que nuestro país enfrenta hoy el desafío de seguir creciendo, generando desarrollo social, oportunidades y empleo de calidad, mitigando y compensando los impactos que el crecimiento puede tener en las comunidades y el medio ambiente, es que desarrolló una nueva sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

En esta oportunidad, y en representación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), participó Bernardita Calvo, abogada asociada del estudio NLD Abogados. Además, formaron parte de la sesión Javier Irarrázaval, de la CPC; Karla Lorenzo, del Consejo Minero; Christian Patrickson, de StratCarbon; Nicolás Westenenk, de Generadoras; Iván Cheuquelaf, Rodrigo Mujica y Benjamín Katz, de la SOFOFA, y Paulina Riquelme, Diego Bascuñan, Martín Benavides y Francisca Standen Eelaw.

Dentro de los temas que se abordaron en la comisión, se encuentra la firma de la adhesión al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú,  el cual se sustenta en 4 pilares fundamentales, basados en el artículo 10 de la Declaración de Río: Información, Participación, Justicia Ambiental y Personas defensoras del Ambiente. Este acuerdo ya entró en vigor al alcanzarse las 12 ratificaciones. Tras esta firma, se presentó el proyecto de ley bajo el boletín N° 14.852-10, para que sea ratificado por el Congreso Nacional. En forma paralela,  señala Calvo, el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en un plan de implementación temprana.

En cuanto a la Ley 21.435 que reforma el Código de Aguas, se indicó que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad la disposición que eliminaba el requisito de autorización previa del Juez de Letras competente ante la facultad de la Dirección General de Aguas (DGA) de ordenar la paralización de obras que no cuenten con autorización competente y que pudieran causar perjuicio a terceros. Asimismo, dentro de las principales modificaciones que contempla esta ley, se destacó el régimen aplicable a los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes, respecto a los cuales si bien no se limitan su duración si se establecen causales de extinción y caducidad, asociadas al no uso, el no pago de la patente y la no inscripción de los derechos de agua en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces. Bajo este contexto y el amplio alcance de su modificación, se ha acordado sostener una sesión especial con el sólo objeto de revisar esta ley.

En cuanto a las novedades del proceso de la convención constitucional en materia ambiental, se señaló que, se acordó en el pleno las disposiciones asociadas al i) deber del Estado de adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica; ii) la posibilidad de restringir derechos y libertad en pos de la protección del medio ambiente y la naturaleza; iii) el establecimiento de los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa; iv) el reconocimiento del derecho de participación informada en materias ambientales; y, v) facultad del Estadio para otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, entre otros. En esta línea, Calvo indica que la Comisión de Medio Ambiente ya emitió su informe por los bloques restantes, dentro del cual se encuentra el modelo económico, el cual incluye 44 artículos, de los cuales se destacan los relacionados con: i) la autorización del uso de las aguas por parte del Estado y su carácter inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y la obligación del titular al uso que justifica su otorgamiento; ii) el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas; y iii) el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad en sus diversas formas, pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta.

Entre otros temas, señaló Calvo, “que el 4 de marzo de 2022 el Comité de Ministros para la Sustentabilidad acordó la aprobación del reglamento de compensación de emisiones gravadas por el Impuesto Verde, el cual aún no ha finalizado su tramitación en la Contraloría, debiendo estar vigente en enero de 2023”.

Por otra parte, dado el tiempo de la reunión, entre otros, se enunciaron los temas asociados, principalmente a las novedades el status actual del proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático, el cual se encuentra en control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y la publicación en el Diario Oficial de la Resol. Exe. N°207/2022 MMA, que aprueba el Anteproyecto de D.S. que establece Metas de Recolección y Valorización y Obligaciones asociadas a Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Se espera que la próxima sesión de esta comisión sea fijada para el jueves 11 de mayo.