• En la instancia, la gerente de Estudios de la CNC expuso sobre los desafíos del comercio y el escenario que este enfrenta post pandemia y el abogado Ricardo Freire se refirió a las nuevas disposiciones de la ley de delitos económicos.

En la sesión del Comité de Comercio y Servicios que preside María Angélica Zegers, se abordó el escenario económico que enfrenta el comercio, junto con conocer más detalles de la nueva legislación en torno a los delitos económicos.

En la instancia, la gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, realizó una presentación sobre la actualidad económica del país, con foco en el sector comercio y sus desafíos para entender lo que ha pasado en esta materia postpandemia, el comportamiento y cambios del comercio tras este difícil período y lo que se espera hacia adelante.

En su exposición, Silva señaló que Chile experimentó una rápida recuperación tras la pandemia, pero sostenida más bien por variables transitorias y este año se espera un nulo crecimiento, añadiendo que “visto en el tiempo el 18-O y la pandemia afectaron fuertemente el crecimiento del país, pero la economía se recuperó más rápido de lo que se esperaba, para luego perder fuerza el segundo semestre del año pasado”.

Silva indicó que, tras caer 6,1% el 2020, la economía del país se recuperó fuertemente el 2021 gracias al consumo, misma variable que se desacelera fuertemente este año. “El índice de bienes durables cae por debajo de lo marcado previo a la pandemia mientras que no durables aún se mantiene por encima y los servicios se mantienen en línea con 2022 y sobre lo registrado en 2019. La inversión se ha desacelerado en los últimos períodos y se espera una baja de 1,2% para el 2023 y una caída de 0,6% el 2024, mientras el Catastro de Inversiones del Comercio da cuenta de una baja materialización de las iniciativas”.

Silva agregó que el IMACEC de julio sorprendió con un alza de 1,8% donde el comercio continúa siendo el que más cae y que Índice del Comercio del INE da cuenta de esta desaceleración tras un histórico 2021 donde el sector fue el motor de la economía, producto de los retiros y ayudas fiscales. Silva indicó además que se ha estancado la recuperación del empleo en los últimos períodos con una tasa de ocupación que aún no logra igualar los niveles prepandemia.

Para finalizar su exposición, la gerente de Estudios se refirió a los desafíos para el sector, donde la desaceleración ha estado marcada por una alta base de comparación y una normalización tras altos niveles de liquidez, sumado a la alta inflación y altas tasas las que afectaron la carga financiera de los hogares y su poder adquisitivo. Silva agregó que “si bien la inflación ha ido cediendo en los últimos meses y bajó la TPM, el efecto en el consumo no es inmediato, ya que se hemos visto freno en la creación de empleos, inversión que afecta la masa salarial y por ende la capacidad de consumo; las confianzas de los consumidores en cuanto a situación personal y consumo han repuntado en el margen, pero aún estamos bajo altos niveles de incertidumbre y pesimismo”. Agregando que “necesitamos enfocarnos en volver a crecer, con políticas públicas que eliminen incertidumbres y potencien la inversión”.

Bernardita Silva indicó que el sector ha evidenciado profundos cambios a partir de la pandemia, con un fuerte vuelco a la digitalización y donde la logística, el manejo de la data, la comunicación y la postventa, junto con la calidad y trasparencia entre los distintos canales, deben ser el foco para tener una verdadera y exitosa estrategia de omnicanalidad. El consumidor por su parte tampoco es el mismo, ya que está más informado, más empoderado y consciente de su entorno, donde cobra importancia la personalización de la experiencia de compra para atraer y retener clientes.

Antes de presentar a Ricardo Freire, María Angélica Zegers realizó una introducción sobre la nueva ley de delitos económicos y ambientales, la que establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados delitos de cuello y corbata, creando cuatro categorías de delitos económicos; se dispone además que todo delito económico conlleva siempre una pena de multa, que se aplicará a través de un sistema de días-multa; regula inhabilitaciones especiales, por ejemplo, para ejercer un cargo público, para el ejercicio de cargos gerenciales y para contratar con el Estado; incorpora delitos que atentan contra el medio ambiente, como la contaminación de aguas y suelos y el daño a parques nacionales y humedales.

Zegers también relevó que se incorporan otros delitos, como el falseamiento de la renta para pagar menos imposiciones previsionales y el abuso ante situación de necesidad para el pago de una remuneración desproporcionada e inferior al ingreso mínimo mensual. Además, se perfecciona y actualiza la regulación de los delitos de Mercado de Valores, de insolvencia y de secretos comerciales.

La presidenta del comité indicó que, si bien los expertos valoran los objetivos de la iniciativa reconocen que hay una preocupación, algunos incluso han expresado que es la legislación penal más represiva en la historia de nuestro país. “En ese marco, se ha mencionado que lo más riesgoso es la amplia redacción de las reglas que permiten imponer o agravar penas, dejándolas abierta a interpretaciones. Otros manifiestan que, con estos cambios, la participación en un directorio está claramente asociada a riesgos penales, por ejemplo, en materia de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, y acuerdos abusivos del directorio”.

Finalmente, Zegers realizó un llamado es a mirar esta nueva normativa como una oportunidad para que las empresas se involucren en la prevención de los delitos desde los más altos niveles, fortaleciendo la figura de los encargados de compliance, ajustando los sistemas de prevención de delitos y tomando los resguardos necesarios en caso de enviar información sobre la empresa a terceros, o en el manejo de los secretos comerciales.

Posteriormente, Ricardo Freire, abogado penalista del Estudio VLA Abogados, se refirió a la nueva legislación, la que fue publicada el pasado 17 de agosto, después de 4 años de tramitación legislativa. En primer lugar, señaló que esta ley describe cuatro categorías de delitos económicos: absoluta e incondicionalmente económicos, que no requieren factor de conexión con una empresa, en cualquier circunstancia en que sea cometido y que incluye colusión, falsedades a autoridades fiscalizadoras o negociación incompatible o cohecho entre particulares. La segunda categoría sería el factor de conexión de una actividad productiva con una mediana o gran empresa, ya sea en ejercicio de un cargo al interior de una empresa o en beneficio de una empresa, como por ejemplo los delitos tributarios y aduaneros, delitos ambientales, mineros, inmobiliarios e informáticos, falsedades, sobornos, amenazas, delitos contra el patrimonio y daños.

La tercera categoría es el funcionario público que cuenta con la intervención de un externo, una mediana o gran empresa, más algún factor de conexión, como por ejemplo, malversación y fraude al fisco, violación de secretos o cohecho y por último, la cuarta categoría es la receptación o lavado de activos sumado a un delito económico o delito del catálogo (o el delito de origen es económico o al lavar se dan las condiciones de un delito económico) en mediana o gran empresa, en esta instancia, el delito de origen es económico y al realizarse el blanqueo se dan las condiciones de las categorías previas.

Freira agregó que esta ley modifica también ciertos delitos ya vigentes del Código Penal, como la estafa, corrupción entre particulares y negociación incompatible, entre otros: estafa según el concepto doctrinario, corrupción entre particulares (se agregan administradores y directores de empresas), negociación incompatible (solo en sociedades anónimas abiertas y no cerradas), abuso de mercado y uso de información privilegiada (ley de Mercado de Valores), aprovechamiento no consentido del secreto del cliente por el profesional y fraude mediante manipulación de sistemas informáticos o tarjetas.

Además, agrega una nueva regulación al secreto comercial, la explotación de trabajadores, la explotación habitacional, el abuso de controlador o director; se regula también la entrega de información falsa dentro de las Sociedades Anónimas, delito que contempla también a contadores o auditores externos y un nuevo catálogo de delitos ambientales.

Finalmente, Freire revisó las penas aplicables a las personas naturales que cometan estos delitos, las agravantes y atenuantes, inhabilidades, penas sustitutivas, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ver Presentación de Ricardo Freire sobre ley de delitos económicos.