• En la instancia, el presidente del gremio dio a conocer la postura de la Cámara en orden a regular el uso responsable de esta información.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) fue invitada a exponer su postura sobre el proyecto de ley que regula el tratamiento y protección de los datos personales ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. En la instancia, el presidente del gremio, Ricardo Mewes, acompañado del vicepresidente de la comisión de Economía y Productividad Digital de la CNC, Claudio Magliona, entregaron la opinión del gremio sobre la iniciativa de ley.

En su exposición, Ricardo Mewes destacó que es momento de poner a las personas y sus derechos en el centro, así como también las tecnologías y la economía a su servicio, ya que el país necesita avanzar en una regulación en materia de datos personales que garantice el derecho de los titulares de controlar sus datos y que promueva el desarrollo de modelos de negocios basados en el uso responsable de estos.

Mewes también indicó que el gremio, junto con apoyar el proyecto, entiende este desafío como una oportunidad para promover una cultura de protección de datos personales, posicionar a Chile como una plataforma de servicios tecnológicos y apoyar a los socios frente a los nuevos desafíos de la era digital.

Asimismo, indicó que el gremio valora las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, las que amplían el plazo de entrada en vigencia para las pymes, resguardando así la necesaria gradualidad en la implementación de la ley. “No se debe olvidar que esta normativa no solo aplica a grandes empresas, sino que también a micro, pequeñas y medianas. Es esencial lograr un adecuado balance entre protección y tratamiento de datos personales”, señaló.

Finalmente,  Claudio Magliona, mencionó algunas propuestas y observaciones del gremio con el objeto de mantener estándares internacionales en la materia. Por ejemplo,  respecto al órgano de control que crearía esta ley, manifestó la preocupación sobre la multiplicidad de reguladores, lo que podría afectar la claridad de la normativa aplicable. Asimismo, sugirió revisar la redacción del derecho de cancelación, ya que este podría afectar la libertad de expresión y constituir una excesiva carga al responsable del tratamiento, recomendando asimismo avanzar en incentivar modelos de prevención, entre otros temas.