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Antes que sea demasiado tarde


En Chile como en el resto del mundo, el covid-19 ha modificado de manera brutal nuestra vida. Con las progresivas aperturas de movilidad y el retorno a las operaciones en la llamada nueva normalidad, es razonable preguntarnos por qué el comercio ilegal y el contrabando debieran ser materia de preocupación.
En los seminarios que organiza el Observatorio del Comercio Ilícito (OCI) de la Cámara Nacional de Comercio, hemos escuchado en numerosas ocasiones, de académicos y entes públicos, que el crimen organizado es un ilícito que se mueve en las sombras pero que busca, como cualquier negocio, obtener ganancias.
Su financiamiento y rentabilidad provienen del comercio ilegal, del contrabando, de la trata de personas y del narcotráfico, entre otros, que utilizan toda la cadena de distribución, desde el ingreso ilegal o el robo de productos hasta la venta minorista, obteniendo utilidades que luego lavan en el sistema financiero comprando activos que convierten en “fachadas” de legalidad. El daño que produce en el tejido social es enorme.

Horada y corrompe alas instituciones y a las personas, se apodera de los territorios, debilita la democracia y al Estado ofreciendo aparentes ayudas sociales mayores a la de los propios gobiernos, reclutando asía los más vulnerables. Denunciarlo y combatirlo debe ser una responsabilidad de la sociedad. Ese es el objetivo del OCI y de quienes lo integran, públicos y privados. Pero no existe una bala de plata. Se requiere, sobre todo, voluntad política y social para enfrentarlo como una política de Estado. La pandemia nos ha enseñado que no hay una respuesta fácil para desafíos de gran envergadura. La cara visible del comercio ilegal es hoy la vulnerabilidad que viven miles de personas que enfrentan un brutal desempleo, con precariedad económica y social que es utilizada por reducidores de especies o traficantes. Pero no son sólo ellos quienes se han visto empujados o seducidos a transitar entre la ilegalidad y la informalidad. Muchos, con la excusa del deterioro de las instituciones y el desprestigio del empresariado y la política, colaboran con su pasividad y permiten que los límites entre lo legal y lo ilegal se vayan difuminando. La vulnerabilidad y pasividad son los activos del crimen organizado. Como OCI seguiremos colaborando para que se potencien y creen todas las barreras necesarias para frenar la ilegalidad. El panorama latinoamericano nos interpela: no da lo mismo ser un país formal que uno informal. En el último, todos pierden. Hacemos un llamado a las nuevas autoridades locales y regionales y, por supuesto, a los candidatos a la Presidencia, para que incluyan estas preocupaciones en sus agendas, antes que se nos haga muy tarde.

“Muchos, con la excusa del desprestigio del empresariado y la política, permiten que el límite entre lo legal y lo ilegal se vaya difuminando”.

Verónica Pérez Weinstein

Presidenta Observatorio del Comercio Ilicito de la CNC

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