Juan Francisco Galli expuso sobre la Ley de Seguridad Privada en seminario organizado por el OCIS

• El abogado y ex Subsecretario del Interior abordó el desarrollo, objetivos y problemas en la conceptualización y regulación de la Ley de Seguridad, para luego dar inicio al panel de conversación conformado por Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab; Hugo Ibaceta, presidente de ASEVA; Víctor Herrada presidente de ACHEA y Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile.

En la sede de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) se llevó a cabo el “Seminario Ley de Seguridad Privada, los desafíos del reglamento”. En la instancia, participó el presidente de la CNC, José Pakomio y el presidente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), Manuel Melero. También, expuso Juan Francisco Galli, abogado y ex Subsecretario del Interior y conformaron un panel de conversación Pilar Lizana, investigadora a cargo del área de seguridad en AthenaLab; Hugo Ibaceta, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA); Víctor Herrera, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad (ACHEA) y Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile.

“Con la reciente publicación de la Ley de Seguridad Privada y el inicio de la etapa de elaboración de los reglamentos, consideramos necesario relevar, desde el sector privado, algunas preocupaciones generadas desde los gremios del área del comercio, los servicios y el turismo. Desde el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC hemos participado activamente en el comité consultivo creado por el gobierno, así como de manera proactiva convocamos a nuestros socios para levantar los principales puntos de la Ley”, señaló a modo de apertura Nicole Kuppenheim, secretaria Ejecutiva del OCIS.

Por su parte, José Pakomio, indicó que “como Cámara y en conjunto con otros gremios y empresas hemos levantado una serie de preocupaciones en relación a la nueva regulación que pasa en gran medida por el resultado de los reglamentos que hoy están en manos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo cual ha sido transmitido directamente a la autoridad, así como en una carta que publicamos recientemente en un importante diario de circulación nacional. En primer lugar, nos parece necesario definir mediante criterios certeros y sin mayor margen de discrecionalidad, las entidades que estarán obligadas a contar con medidas de seguridad, así como los niveles de riesgos de estas y sus exigencias, a fin de evitar el incremento de los costos en los que deban incurrir las empresas de todos los tamaños en materia de seguridad privada y que se podría transformar en un nuevo obstáculo para el emprendimiento.”

A su vez, señaló que “nos preocupa el tratamiento que se le dará a los guardias y vigilantes privados en cuanto a sus elementos disuasivos y de protección personal que permitan resguardar su vida e integridad física, así como en materia de capacitación. Finalmente, en cuanto al rol complementario y coadyuvante de la seguridad privada para con la seguridad pública, estimamos importante que se defina correctamente, a nivel reglamentario, la modalidad, plazos, y requisitos requeridos para efectuar estas coordinaciones. En especial sobre la forma en que se asumirán los costos de las medidas y de qué manera se delimitarán responsabilidades en temas tales como integración de tecnologías en sistemas de videovigilancia, sistema de lectura de patentes y , sistemas de alarma, entre otros, manejo de datos personales, canales de denuncia y de comunicación con las policías y el Ministerio Público”.

Luego de su intervención, se dio paso a la exposición de Juan Francisco Galli, abogado y ex Subsecretario del Interior, quien abordó el desarrollo, objetivos y problemas en la conceptualización y regulación de la Ley de Seguridad, para luego dar inicio al panel de conversación.

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