• José Pakomio le presentó a Ángel Valencia el trabajo del Observatorio del Comercio Ilícito y abordó algunas de las 30 medidas que esta entidad desarrolló en su instancia público-privada. Por otra parte, mostró su preocupación por contar con mayor dotación de fiscales y la importancia de perfeccionar los canales de denuncia y protección de víctimas y testigos.

En las oficinas de la Fiscalía Nacional, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), junto a Manuel Melero, presidente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), se reunieron con Ángel Valencia, Fiscal Nacional de Chile. En la instancia, también participó Ignacio Castillo y Tania Gajardo, director y subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, respectivamente; Alicia Díaz, gerenta de la Unidad de Víctimas y Testigos; Claudio Ramírez, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Mauricio Fernández, director de Delitos Económicos Medioambientales. Por parte del gremio, también asistió Sergio Morales, coordinador de Comercio Ilícito y Seguridad y Muriel Sciaraffia, gerente Gremial, ambos de la CNC.

En la instancia, Pakomio presentó el trabajo que ha realizado el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC y dio a conocer las propuestas de este. “Los representantes de entidades públicas y privadas que forman parte del OCIS, entre ellos el Ministerio Público, participaron en 3 mesas de trabajo: seguridad pública, comercio ilícito y comercio ambulante. De ese esfuerzo se elaboró un documento que contiene 30 medidas sobre seguridad y comercio ilegal. Este trabajo fue expuesto a la Ministra del Interior, quien, por medio del Subsecretario de Prevención del Delito, constituyó el 27 de diciembre pasado una Fuerza de Trabajo con distintos entes públicos y la CNC, con el propósito de avanzar en distintos ejes como cambios normativos, fiscalización, campañas de concientización y coordinación que terminen con una primera Política Nacional contra el Comercio Ilícito”.

En esa línea, destacó que “una de las medidas que se propuso, es la posibilidad de rendir prueba anticipada o buscar una figura similar respecto de delitos relacionados con mercadería incautada por falsificación, pirata o de contrabando, ya que hoy existe un problema de almacenaje y de costo para quienes los custodian que, a nuestro juicio, podría superarse mediante medidas administrativas colaborativas”.

Al respecto, Ángel Valencia, mostró disposición para buscar en conjunto algún mecanismo para agilizar las destrucciones de mercadería incautada por contrabando u otras figuras de comercio ilícito, como falsificaciones y piratería, desde el punto de vista administrativo y ojalá sin necesidad de hacer un cambio legislativo.

Por otro lado, y relevando un tema que preocupa a la CNC, Pakomio expuso que “del trabajo con nuestras cámaras regionales hemos podido ver que muchas de sus regiones cuentan con fiscales de focos, pertenecientes a la Unidad Coordinadora del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público. Sobre este punto, sería importante que en aquellas regiones en que se observa mayor cantidad de delitos asociados con el comercio ilícito, como son las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, así como las regiones donde se produce mayor comercio ambulante e ilícito como son: Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco, se pueda contar con fiscales dedicados y especializados en estas materias, principalmente en delitos relacionados con contrabando, receptación, falsificación y piratería”, enfatizó.

“Asimismo, nos preocupa sobremanera que se incorpore dentro de estos focos la situación que viven las personas que viven, trabajan o transitan por los barros comerciales, los cuales se ven expuestos no sólo a los delitos propias del comercio ilegal, sino que, además, a ser víctimas de bandas delictuales que están ejerciendo violencia o amenaza a los comerciantes en los lugares donde tienen su negocio. De este modo, se ve un aumento de delitos como las amenazas, el sicariato, la extorsión, delitos de robo, hurto, daños, etc”, agregó el presidente de la CNC.

En esa línea, Valencia comentó que están dispuestos a reunirse con OCIS para contarle a los socios donde se encuentran establecidos los 50 focos investigativos que actualmente hay a lo largo del país. “Estos estos están destinados principalmente a temas de robo en locales comerciales, delitos de comercio ilícito, delitos que sufren los trabajadores del comercio, el contrabando y la violencia en barrios comerciales”, señaló.

Sobre los canales de denuncia y protección de víctimas y testigos, Manuel Melero, presidente del OCIS, explicó que hoy “atendido el bajo número de denuncias por parte del área comercio, como CNC nos hemos comprometido a generar campañas e instancias que faciliten la denuncia y el aporte de antecedentes para la investigación. En ese contexto, hoy mantenemos una campaña con el Gobierno, en particular con la Subsecretaría de Prevención del Delito denominada “Denuncia Seguro Comercio”, la cual fue lanzada en noviembre pasado en San Bernardo, y que esperamos difundir este año con la autoridad”.

“Al respecto, nos interesa conocer cuáles son las medidas que pudiéramos dar a conocer de parte de la Fiscalía en orden a otorgar garantías a las víctimas y testigos de delitos en cuanto a su confidencialidad, protección y asistencia. Sobre este punto, hay un trabajo que se podría explorar con gremios y con barrios comerciales de capacitación sobre delitos, procedimientos, derechos, garantías, deberes de los intervinientes, los cuales muchas veces son desconocidos para las personas, lo cual lleva a que no denuncien o desconfíen del sistema”, agregó Melero.

Sobre esta temática, el Fiscal Nacional acordó organizar una reunión con el director y la subdirectora de crimen organizado para ver de qué manera se pueden agilizar las denuncias y las medidas que se debieran implementar conjuntamente para otorgar las garantías y protecciones que corresponden para los denunciantes, ya que el incentivo a la denuncia es prioritario. De igual manera seguirán impulsando la campaña “Denuncia Seguro Comercio”.

Respecto a la modernización del Ministerio Público, el coordinador de Comercio Ilícito y Seguridad, Sergio Morales, expresó que “el proyecto incrementa gradualmente la dotación del Ministerio Público en 819 cargos, de los cuales 205 corresponden a fiscales adjuntos, sin embargo, desde la Asociación Nacional de Fiscales, el número ideal de fiscales de necesarios para atender con mayor eficacia el número de causas ingresadas (que hoy es cercana a 1.800 causas por cada uno) debiera ir del orden de los 495 nuevos profesionales, cuestión que dista mucho de los 205 que incorpora esta ley. A lo anterior, se suma que el año de publicación de la esta nueva ley, solo se considera el aumento de 17 nuevos fiscales en circunstancias que la situación en materia de seguridad que vive el país no puede esperar. Sobre este punto queremos colaborar en promover una fórmula tanto de fiscales como de profesionales que nos permita atender el número de denuncias de manera más eficiente”.

Para finalizar, ambas autoridades acordaron firmar en los próximos meses un convenio de colaboración que formalice los compromisos recíprocos que les permitan, en cada uno de sus roles, facilitar el trabajo conjunto en las materias antes mencionadas.