• En la instancia, José Pakomio señaló que “esta nueva legislación no debe ser entendida en caso alguno como un traspaso de la responsabilidad de la seguridad pública a los privados, sino que reafirma la intención que la seguridad privada se consolide como complementaria y coadyuvante a la seguridad pública, por lo que es claro definir qué le corresponde a cada quién y de qué manera estas medidas conversan unas con otras. En definitiva, es clave que el proyecto inserte a la seguridad privada en la coproducción de seguridad del país”.

 

El presidente de la CNC, José Pakomio, y el coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito del gremio, Sergio Morales, expusieron ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside el senador Felipe Kast, sobre el proyecto de ley de seguridad privada.

Para comenzar su exposición, José Pakomio  dio a conocer, que, de acuerdo a cifras del SII, al año 2021 se registraron 3.741 empresas de servicios de seguridad privada, industria que registra más de 200 mil trabajadores y que, de acuerdo con la última encuesta de victimización del comercio de la CNC del segundo semestre de 2022, el 68,5% de los encuestados tiene gastos fijos mensuales en seguridad privada, en que las cifran oscilan entre $3.835.760 y $549.981, dependiendo del tamaño de empresa.

Pakomio en su intervención se refirió a las observaciones puntuales al proyecto de ley, “este constituye una excelente oportunidad para unificar en un texto una serie de normativas legales y reglamentarias que hoy se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico, lo cual permite otorgar mayor certeza de la regulación y de las consecuencias de su vulneración”. Agregando que ante los últimos y lamentables hechos delictuales ocurridos en dos centros comerciales de Santiago y donde se vieron afectadas de igual manera una tienda de celulares de alta gama, una tienda de ropa y una de anteojos, “nos lleva a sostener que este fenómeno delictual es transversal y que no sólo afecta a localidades determinadas o a ciertos tipos de bienes de alta gama, sino que su efecto es generalizado y parte de la vorágine delictiva y que va mucho más allá del comercio”.

El presidente de la CNC indicó que “tanto por el proyecto de ley como por las recientes declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito en esta comisión, coincidimos en la idea matriz que esta nueva legislación no debe ser entendida en caso alguno como un traspaso de la responsabilidad de la seguridad pública a los privados, sino que reafirma la intención que la seguridad privada se consolide como complementaria y coadyuvante a la seguridad pública, por lo que es claro definir qué le corresponde a cada quién y de qué manera estas medidas conversan unas con otras. En definitiva, es clave que el proyecto inserte a la seguridad privada en la coproducción de seguridad del país”.

Pakomio aseguró que “considerando que la seguridad pública es un deber del Estado, estimamos que es un despropósito que se intente traspasar la totalidad de la responsabilidad al privado, en circunstancias que actividades como el comercio suponen espacios privados, pero de libre acceso al público en general, y que se insertan en un entorno donde conviven con otros actores de la ciudad como son colegios, otros comercios, residencias particulares, entre otras, lo cual supone un trabajo que se debe liderar por las autoridades públicas a cargo de la seguridad”.

El dirigente gremial finalizó su exposición señalando que “esperamos como CNC que este proyecto y sus futuras indicaciones permitan dotar a la seguridad privada de una adecuada institucionalidad, que posibilite separar adecuadamente las funciones reguladoras de las fiscalizadoras, mediante la creación de un organismo técnico a cargo de esta materia”.

Por su parte, el coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito del gremio, Sergio Morales, en su intervención señaló que “como CNC siempre hemos promovido el trabajo público-privado conjunto en materia de seguridad, por lo que este proyecto es una instancia que, bien gestionada, permitirá generar alianzas en materia de integración de tecnologías, canales de denuncia, traspaso de información, entre otras materias de las cuales nos gustaría ser parte integrante”.

Morales indicó que esta legislación debe considerar un organismo técnico a cargo de la observancia de la ley, separando las funciones reguladoras de las fiscalizadoras. Además, señaló que se hace necesario, vía indicaciones al proyecto de ley, realizar una categorización de empresas en cuanto a las exigencias para el cumplimiento de medidas de seguridad, atendiendo su tamaño y niveles de riego de su actividad.

Además, relevó que se hace necesario entregar criterios y lineamientos legales que permitan que el costo en materia de equipamientos tecnológicos y otras exigencias a las empresas no les genere problemas, considerando la actual inversión en seguridad que realizan mensualmente. Asimismo, en consideración a la reciente aprobación de la ley Nain-Retamal, Morales indicó que sería recomendable incluir una agravante especial respecto de atentados contra la vida de vigilantes privados y guardias de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, el coordinador de Seguridad y Comercio Ilícito de la CNC subrayó la necesidad de incorporar normas de coordinación e interoperabilidad público-privada, así como incentivos a la inversión en sistemas de reconocimiento facial, lectores de patentes, integración de sistema de cámaras de seguridad, como también en otras tecnologías que el proyecto en su redacción no consideró.

 

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