Con la presencia del Presidente Piñera y diversas autoridades gubernamentales como el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, entre otros, se realizó la promulgación del proyecto de ley que sanciona el comercio ilegal en nuestro país, fortaleciendo la fiscalización y entregando facultades a funcionarios municipales para ello. La nueva normativa busca combatir el comercio de objetos falsificados, robados o no autorizados, dotando a las policías y al Ministerio Público de nuevos mecanismos que faciliten la labor investigativa y de fiscalización. En la instancia participó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, de manera presencial y la vicepresidenta del gremio, Sara Smok y la presidenta del Observatorio del Comercio Ilícito, Verónica Pérez, de manera telemática.
Al respecto, el Presidente Piñera sostuvo que “lo que vemos en las calles y en las plazas es solo la punta del iceberg. El comercio ilegal significa una red de crimen organizado y, muchas veces, verdaderas mafias que tratan de saltarse todas las leyes, y eso produce un beneficio para unos pocos, pero daña a la inmensa mayoría de los chilenos”. Añadió que “este normalmente va asociado a la delincuencia. Donde hay concentración de comercio ilegal hay robos, hurtos, asaltos y mucha violencia. Esto daña a los verdaderos comerciantes, a los emprendedores que cumplen con sus deberes, pagan sus impuestos y cumplen con las reglas laborales y afecta gravemente la calidad de vida de las personas que viven en esos lugares”, recalcó el jefe de Estado. “Esta es una ley que va a favorecer a todos los chilenos, pero muy especialmente a los pequeños y medianos comerciantes que sufren esta competencia desleal y a todos los que viven o transitan por lugares donde se concentra el comercio ilegal”, concluyó el Presidente.
Por su parte, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, indicó que “la promulgación de esta legislación constituye una potente señal y un gran logro para nuestro gremio, gracias al trabajo realizado por el Observatorio del Comercio ilícito (OCI) de la CNC en esta materia y es un gran impulso para proteger y relevar al comercio formal”. Agregó que “después de 14 años, desde que se inició su tramitación legislativa, el país finalmente tendrá un marco legal para combatir el fenómeno del comercio ilegal y el contrabando, ya que este posibilitará la entrega de herramientas concretas para combatir este flagelo que, producto del estallido social y la pandemia, ha tenido un aumento explosivo. En el último tiempo hemos sido categóricos en señalar que el crimen organizado se encuentra operando en total impunidad, utilizando y abusando del comercio ambulante informal, que es la cara más vulnerable y visible socialmente de este fenómeno”.
Trabajo del OCI
La CNC, a través del Observatorio del Comercio Ilícito (OCI), realizó grandes esfuerzos para lograr la aprobación de esta iniciativa, entre otras acciones dialogando con diversos parlamentarios y expresando su posición y preocupación en la Comisión Mixta que finalmente aprobó y emitió su informe favorable a ambas cámaras.
Dentro de las múltiples actividades desarrolladas también se realizaron reuniones con diversos alcaldes tanto de la Región Metropolitana como de regiones, ya que ellos son los que diariamente deben lidiar con los efectos del comercio ilícito, el que conlleva precariedad laboral, violencia, inseguridad y deterioro del espacio público, en desmedro de la calidad de vida de los vecinos. También el OCI está participando activamente en las tres mesas de trabajo organizadas por la Gobernación Metropolitana para abordar este tema. Una, sobre persecución penal, otra sobre regularización y reconversión laboral y la última, sobre fiscalización regional, con el objeto de apoyar a esta entidad en el combate del comercio ambulante ilegal, donde también esperamos contar con el apoyo de las nuevas autoridades que asumirán en marzo.
Esta legislación contribuirá de manera más eficaz a frenar la evasión de impuestos; permitirá controlar la victimización del comercio (cuatro de cada 10 establecimientos tienen comercio ambulante ilegal a su alrededor, factor que incide en una mayor victimización de los locales); protegerá al comercio establecido formal del impacto de la competencia desleal, además de velar por la protección de los derechos de los consumidores.
Otros aspectos muy relevantes son la tipificación de asociación ilícita, lo que permitirá combatir directamente el crimen organizado y las mayores atribuciones de control e incautación que entrega a los municipios, policías y fiscales.
Principales aspectos del proyecto de ley
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