Mesa público privada del OCI sesionó con la finalidad de aunar propuestas para enfrentar el aumento sostenido del comercio informal durante esta pandemia

• En la instancia, se hizo hincapié por parte de los asistentes de la importancia de reforzar la colaboración público privada, de la relevancia de educar a la población, en especial a los jóvenes, acerca del impacto de la compra y uso de artículos ilegales y de defender la formalidad destacando los impactos de la informalidad

Con más de 50 participantes, el Observatorio del Comercio Ilícito realizó una nueva reunión de trabajo donde las diversas instancias público privadas pudieron expresar sus preocupaciones y dialogar con la finalidad de fijar prioridades de trabajo para el segundo semestre del año. Al respecto, la presidenta del organismo, Verónica Pérez enfatizó que “hemos logrado conversar públicos y privados y consolidar al OCI como un ente relevante en el país”.

En la reunión participaron el Banco Central, la Cámara Aduanera, el Servicio Nacional de Aduanas, el ISP, la Fiscalía Nacional, Carabineros de Chile, INAPI, la subsecretaría de Hacienda, BRIDEPI, Cámaras de Comercio y empresas socias que sufren los impactos del fenómeno.

En la instancia, todos los participantes concordaron en que a raíz de la pandemia se observa un escenario complejo, debido a que existe una mayor aceptación por parte de la ciudadanía de la cultura de la informalidad. Es por ello que se acordó en que las estrategias debieran enfocarse más a nivel de las personas advirtiendo acerca de los peligros de los productos falsificados y los riesgos a los que se exponen al comprar una mercancía ilegítima, que, además de no tener garantía, puede ser dañino para la salud.

Durante la reunión también se planteó que lamentablemente se ha generado una especie de “normalización” del comercio ilegal, debido al uso de marcas falsas en el comercio. Se indicó que este tema es una responsabilidad país, y que falta rayar la cancha de manera más decidida. En especial se señaló que sería conveniente enfocar el mensaje en los jóvenes, ya que estos junto con cuidar el medio ambiente buscan adquirir productos que le hagan bien a la sociedad.

También algunos de los participantes relevaron la necesidad de mejorar el trabajo de inteligencia, diseñando estrategias y pilotos para sacar el mayor partido a las herramientas de que se dispone para seguir apuntando a bandas y organizaciones criminales con la finalidad de atacar desde su origen al fenómeno con todos los actores involucrados, combatiendo las causas y no los efectos del fenómeno.

Junto con ello, se sugirió que, debido al éxito que ha tenido la recaudación del IVA en las plataformas digitales, se podría hacer algo similar con los pagos de bienes en los marketplace, donde la informalidad alcanza un 20%, ya que la gran mayoría de estas compras se realizan con tarjetas. Se conversó acerca de implementar una propuesta concreta para replicar lo que se hizo con estos servicios.

Para finalizar, se definieron tres líneas de trabajo para lo que resta del 2021: educar a la población y en especial a los jóvenes sobre el impacto de la compra y uso de artículos ilegales, defender la formalidad destacando los impactos de la informalidad y propender a una política de estado donde exista un órgano que convoque a todos y que trabaje en una sola dirección, debido a que en la práctica muchas veces los esfuerzo se diluyen porque no existe comunicación en tiempo y forma entre las distintas organizaciones.